Un colectivo antiderechos denunció ante el ministerio de Justicia de Bolivia a la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, por apología y promoción del aborto, debido a la publicación en su institución del informe Situación de la interrupción legal del embarazo como derecho humano de las mujeres.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
La Plataforma por la Vida y la Familia, conocida por sus iniciativas y posiciones contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, envió un oficio a Iván Lima, titular del ministerio de Justicia, en el que denuncian a la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, por la publicación del informe defensorial que este colectivo antiderechos califica como una “promoción y apología” del aborto.
El informe Situación de la interrupción legal del embarazo como derecho humano de las mujeres menciona los resultados de la verificación sobre el cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 206/2014, el cual señala que el requisito para acceder a un aborto es el consentimiento de la mujer; y la aplicación del procedimiento técnico para la interrupción legal del embarazo en los servicios de salud a nivel nacional.
A esta persecución se sumó la bancada legislativa del partido Creemos en la Asamblea Legislativa, quienes pidieron el cambio de Cruz. “La señora Nadia Cruz, supuesta Defensora del Pueblo, está realizando un informe defensorial sobre la situación de la interrupción legal del embarazo como derecho humano de las mujeres. Desde el título del informe defensorial es absolutamente inconstitucional y va contra cualquier derecho humano. El aborto no es un derecho humano porque nunca fue, no es y nunca será matar a un ser humano en el vientre materno”, afirmó el jefe de esta bancada, Erwin Bazán.
«Denunciamos la promoción y apología del delito que amenaza con un genocidio de nuestra próxima generación de bolivianos».
Plataforma por la Vida y la Familia
«Creemos desconoce la Constitución, estándares en materia de derechos humanos y la Sentencia Constitucional Plurinacional del Tribunal Constitucional Plurinacional SCP 206/2014».
Defensora del pueblo, Nadia Cruz
Tras las imputaciones de los antiderechos de la sociedad civil y del Legislativo, la Defensoría del Pueblo señaló que Creemos desconoce la Constitución, estándares en materia de derechos humanos y la Sentencia Constitucional Plurinacional del Tribunal Constitucional Plurinacional SCP 206/2014, que exhorta al Estado a diseñar políticas y crear normas que precautelen los derechos sexuales y derechos reproductivos.
En un comunicado oficial, la Defensoría “rechaza las declaraciones que pretenden situar como delincuentes a niñas, adolescentes y mujeres que por causas de violación, incesto, estupro o cuando su vida y salud corre peligro, deciden interrumpir un embarazo, toda vez que las mismas son víctimas y el Estado, incluida la Asamblea Legislativa Plurinacional, deben garantizar su protección”.
Sobre informe, la Defensoría indicó que fue producto de información solicitada a diferentes instituciones públicas a nivel nacional, así como de visitas realizadas a establecimientos de salud de segundo y tercer nivel, donde se identificó el incumplimiento de la SCP 206/2014 y la existencia de brechas en la aplicación del procedimiento técnico de la Interrupción Legal del Embarazo, debido a falta de infraestructura, equipamiento, insumos y medicamentos.
Los cuestionamientos y la persecución en temas vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo parecen seguir un patrón en la bancada de Creemos, pues antes de arremeter contra la defensora del pueblo, pidieron al Ministerio Público actuar de oficio contra el activista Denilson Montaño por una presunta “inducción” al aborto.
Montaño publicó un vídeo de la red social Tik Tok habla de la atención de 300 abortos durante el periodo de confinamiento, lo que utilizaron los antiderechos para denunciar al activista y generar teorías conspirativas sobre una presunta red que promociona el aborto, conformada por farmacias, centros de salud y otros, según el diputado de Creemos Erwin Bazán.
«No se trata de antipatía o simpatía. Se trata de cumplir la ley y este sujeto habla con toda normalidad de 300 abortos. Si el Ministerio Público no actúa de oficio, personalmente voy a iniciar una demanda penal. No es posible que se esté campeando y esté haciendo apología del delito», concluyó Bazán.
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