Sacerdotes católicos de la Prelatura de Huamachuco, un expárroco y presuntas víctimas de abuso sexual han enviado más de 40 cartas a líderes de la Iglesia católica y funcionarios públicos. Denuncian delitos sexuales cometidos por religiosos y encubrimientos de curas, vicarios y obispos de La Libertad. Esta investigación de La República revela por primera vez el contenido de todos estos documentos.
Periodista. Fue reportera de la Unidad de Investigación del diario La República. Actualmente trabaja en proyectos para el Centro Internacional de Periodistas, Columbia Journalism y Connectas.
En 2018, un sacerdote visitó La República. Era Esteban Desposorio, párroco de la Prelatura de Huamachuco, norte de Perú. Llevaba un fólder con documentos que señalaban delitos sexuales por parte de sacerdotes de la prelatura, así como del arzobispado de Trujillo.
Asimismo, mostró cartas firmadas por él mismo y otros sacerdotes, dirigidas a líderes de la Iglesia católica. Reclamaban por atención a las denuncias, por encubrimiento de obispos y vicarios, además informaban de castigos que los dirigentes católicos llevan a cabo contra sacerdotes que, como ellos, visibilizan a presuntos abusadores sexuales.
Desposorio también relató que, desde 1999, decenas de jóvenes le han confiado sus historias a él y a los religiosos Nery Tocto, Agustín Díaz, Elmer Acuña, así como al expárroco y periodista Antonio Campos.
En 2016, estos religiosos conformaron la Comisión de Escucha a las Víctimas de Abusos Sexuales de la Prelatura. Una de sus acciones ha sido el envío de cartas, donde cuentan lo que saben a autoridades de la iglesia en Lima, Chimbote y La Libertad, así como a funcionarios públicos e instituciones estatales del departamento norteño. La mayoría no han sido respondidas.
En 2019, la autora de este reportaje recibió una carta. Está firmada por Desposorio y otro religioso que, por amenazas, pidió que no hiciéramos pública su identidad. En ella, se menciona a 12 curas (nueve de Huamachuco y tres de Trujillo) que estarían implicados en casos de abuso sexual.
El documento detalla que los religiosos escucharon a más de 100 jóvenes, quienes les contaron sobre abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos. Algunos de ellos les permitieron revelar sus nombres y dar paso a una denuncia en Fiscalía; otros, la mayoría, pidieron mantener sus identidades bajo reserva.
Algunas denuncias quedaron registradas en varios escritos enviados a Sebastián Ramis, entonces obispo de la Prelatura de Huamachuco, acusado de favorecer a curas denunciados por pederastia. Como se lee en una carta de enero de 2016, le reclamaban por apoyar a Tulio Montenegro, Emeterio Castañeda, Marco Tito, Manuel Mendoza y Walter Reátegui, sobre quienes, según los religiosos denunciantes y documentos a los que tuvimos acceso, ya había acusaciones de delitos sexuales.
Para informar que Ramis tiene trato diferenciado y encubre abusos sexuales, los religiosos denunciantes enviaron cartas al obispo de la Diócesis de Chimbote, Ángel Francisco Simón; a los franciscanos de la Tercera Orden Regular (TOR), sede en Salamanca, Lima; al entonces cardenal de la Iglesia católica del Perú, Juan Luis Cipriani, y al expresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Salvador Piñeiro. Aseguran que sus cartas jamás fueron respondidas.
En febrero de 2016, en el programa periodístico Punto Final, fueron revelados testimonios de presuntas víctimas del sacerdote Tulio Montenegro y del párroco Marco Tito. A raíz de ello, Ramis creó una comisión indagatoria. En el decreto para formarla, aseguró que recién había tomado conocimiento de estas acusaciones. Sin embargo, un par de cartas revelan que tenía conocimiento de abusos desde hacía casi 9 años.
Ramis nombró como integrante de la comisión a José Gómez, franciscano de la TOR, al igual que él. Pocos días después lo hizo vicario general. No obstante, en diciembre de 2018, Desposorio envió una carta al obispo Emiliano Cisneros, sucesor de Ramis, donde denunciaba a Gómez por haber abusado de un seminarista.
Gómez dijo que la denuncia de Desposorio fue “por envidia”, porque la fecha de la acusación coincide “con el momento de cambio de obispo y todos pensaban que yo sería el siguiente”.
Por otro lado, Manuel Mendoza firmó, en 2016, el decreto de formación de la comisión indagatoria creada por Ramis. Lo hizo como secretario de Cancillería de la Prelatura de Huamachuco. Sin embargo, antes de que se formalizara dicha comisión, Ramis ya había sido informado, a través de una carta de enero de 2016 enviada por los religiosos denunciantes, que Mendoza estaba acusado por abusos sexuales.
Asimismo, en 2017, hubo una denuncia en la Fiscalía Mixta Penal Corporativa de Sánchez Carrión contra Mendoza, por actos contra el pudor a un muchacho de 15 años de edad, y contra Ramis, por omisión de denuncia. La presunta víctima nos relató que los tocamientos indebidos se dieron durante un viaje en bus, al retornar de un retiro espiritual. Sobre este tema, Mendoza nos respondió: “en ningún momento la Iglesia me ha encontrado culpable”.
En abril de 2016, “Andrés” –pidió que no reveláramos su identidad– denunció haber sido prostituido por William Costa y Segundo Fernández, quienes pertenecían al arzobispado de Trujillo. Relató que, entre 1996 y 1998, Tulio Montenegro, Emeterio Castañeda, Segundo Fernández, William Costa y Ricardo Angulo organizaban y/o participan de fiestas, los fines de semana, en distintas parroquias de Trujillo y en la casona del ciudadano Daniel Hoyle, donde tenían sexo con menores de edad a cambio de dinero.
Según “Andrés”, entre los menores que iban a estas fiestas estaba el presidente de la Asociación de Víctimas de Abusos Sexual del Perú, Héctor Reyes, quien ya había hecho público, en Punto Final, que Montenegro lo violó. Además, en 2016, en la misma emisión, afirmó que uno de los miembros de la comisión que investiga abusos sexuales en el Arzobispado de Trujillo, el cura Ricardo Angulo, también participaba de dichas fiestas.
“Es falso, como se ha demostrado en la falta de capacidad de poder probar una cosa tan grave ante la fiscalía que investigó el caso”, nos dijo Angulo.
Tenemos en nuestro poder un documento donde Angulo denuncia por asociación ilícita a Reyes, al exsacerdote Antonio Campos y a su hermana Gregoria Campos. Después, amplió su denuncia contra Nery Tocto, y también contra “Andrés”. A mediados de 2018, los acusados ganaron el proceso.
En marzo de 2018, cuando Miguel Cabrejos ya era presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Héctor Reyes escribió una carta preguntándole por qué permitía que un sacerdote le pusiera una denuncia y le hiciera temer con la cárcel. También agradece por una audiencia que por fin le ha sido dada para reclamar por la falta de atención a los abusos sexuales. Según Reyes, Cabrejos no acudió a la reunión. En su lugar estaban dos representantes del arzobispo, quienes tomaron nota, pero nunca dieron respuesta a sus demandas.
La Fiscalía Mixta Penal Corporativa de Sánchez Carrión archivó el caso de “Andrés” por prescripción. También fue archivado a nivel eclesiástico por falta de pruebas. Según el Arzobispado de Trujillo, los sacerdotes Costa y Fernández continúan suspendidos.
Entrevistamos a Costa, quien afirmó que “Andrés” hizo la denuncia por dinero. Le preguntamos cuánto le solicitaron y quiénes. “No le puedo decir la cantidad, pero era demasiado”, respondió. También intentamos, sin éxito, una entrevista con Fernández.
Solicitamos una entrevista con Miguel Cabrejos. Respondieron dos de sus asesores: el vicecanciller Jorge Manrique Catalán, y el juez eclesiástico Alejandro Preciado Muñoz, ambos de la de la Arquidiócesis de Trujillo. Con ellos hablamos de los casos relatados en esta investigación.
Sobre el tema de Angulo, dijeron que no hubo denuncia, ni víctima, porque solo se trató de “un dicho”. A pesar de ello, crearon una comisión; sin embargo, aseguraron que “no hubo investigación eclesiástica. No hubo investigación preliminar”. Les pedimos el acta o informe de esa comisión y contestaron que no sabían si existía ese documento y se comprometieron a entregarnos “todo lo que tenemos”. Nunca recibimos un solo documento.
El exsacerdote Antonio Campos también recibió en su domicilio dos pedazos de papel con amenazas de muerte para él y para su pequeño hijo: “Vas a morir. No ladres a la iglesia. Tu hijo está vigilado” (junio 2019) y “Perro resentido, tus días están contados” (noviembre 2018).
Los religiosos denunciantes dijeron que padecieron amenazas cuando Ramis era obispo y cuando llegó su sucesor, Emiliano Cisneros. Antonio Campos relató que recibió en su domicilio dos pedazos de papel que decían: “Vas a morir. No ladres a la Iglesia. Tu hijo está vigilado” (junio 2019) y “Perro resentido, tus días están contados” (noviembre 2018).
En una carta de 2016, Ramis recomienda al alcalde distrital de Huaylillas que no se deje sorprender, ni él ni los pobladores, por Nery Tocto, Agustín Díaz y Esteban Desposorio, porque están suspendidos y no pueden ejercer el sacerdocio.
Desposorio afirmó que nadie de la Prelatura de Huamachuco ni del Arzobispado de Trujillo se interesó por el tema, pese a las cartas que enviaron, y que tenemos en nuestro poder. No obstante, afirmó que el nuncio Nicola Girasoli, representante del papa en el Perú, fue el único que mostró interés. Viajó a Huamachuco y gracias a él le levantaron la suspensión sacerdotal que tenía desde el 2016.
Los religiosos denunciantes aseguran que seguirán luchando, de lo contrario no habrá armonía ni paz para las víctimas. “Justicia, eso es lo que quiero lograr. Esto es algo que debe terminar de una vez”, finalizó Esteban Desposorio.
Consulte la investigación completa en el siguiente enlace: Pederastía en el Perú: batalla al interior de la Iglesia
Artículo publicado originalmente el 12.07.20 en el diario La República con el título: «Batalla en el interior de la Iglesia por casos de pederastia«. Investigación realizada por La República en alianza con CONNECTAS en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center For Journalists (ICFJ) (Centro Internacional para Periodistas).
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