Diez meses después de la orden dispuesta por la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional debatió y aprobó una ley que permite el aborto para víctimas de violación sexual, pero con restricciones en mujeres adultas.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
La tarde del jueves 17 de febrero, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la ley para ampliar las causales para que las mujeres puedan acceder al derecho al aborto: las víctimas de violación sexual mayores de 18 años podrían abortar hasta las 12 smanas de embarazo, mientras que las víctimas menores de edad o mujeres rurales y de las comunidades indígenas podrían abortar ahsta las 18 semanas. Una batalla ganada a medias.
En abril de 2021, la Corte Constitucional de Ecuador declaró inconstitucional la norma que permite abortar solo a las mujeres con discapacidad mental, así como la criminalización con cárcel para las mujeres que interrumpen sus embarazos. En ese sentido, la Corte también ordenó a la Asamblea Nacional que en 6 meses, desde que se presente un proyecto sobre el tema, se discuta y apruebe una ley que proteja a niñas, adolescentes y mujeres.
Los nueve magistrados de la Corte Constitucional (de izquierda a derecha) son: Karla Andrade, Ramiro Ávila, Agustín Grijalva, Alí Lozada, Hernán Salgado (presidente), Daniela Salazar, Carmen Corral, Teresa Nuques y Enrique Herrería.
– Foto: Archivo de El Comercio de Ecuador.
Diez meses después de la orden dispuesta por la Corte Constitucional, el Pleno de la Asamblea Nacional debatió una propuesta inicial que permitía abortar hasta las 16 semanas a las mujeres adultas víctimas de violación, pero la iniciativa no prosperó. De los 70 votos a favor que se requerían para aprobarla, solo se obtuvieron 66.
Posteriormente, la promotora de la ley, la legisladora Johana Moreira del partido Izquierda Democrática, propuso reducir el plazo en mujeres adultas para abortar de 16 a 12 semanas. Esta nueva propuesta se aprobó con 75 votoss a favor, 41 en contra y 7 abstenciones. «Hemos tenido que cambiar los plazos en contra de nuestra voluntad, para dar paso a los consensos», lamentó Moreira.
En las sesiones anteriores del Pleno de la Asamblea Nacional, el debate sobre la despenalización del aborto reveló una mayoría desfavorable para los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, en el debate del pasado 3 de febrero, de los 137 asambleístas participaron 52, de los cuales 17 se pronunciaron a favor y 29 en contra. Un escenario desalentador para los derechos de las mujeres.
Vista general de la Asamblea Nacional de Ecuador.
– Foto: José Jácome/EFE.
De hecho, los argumentos más comunes entre los 29 asambleístas opositores a la despenalización del aborto giraron en torno a que no serían cómplices de un “asesinato” ni de la promoción de abortos “masivos”. El asambleísta socialcristiano Esteban Torres, por su lado, sostuvo falsamente que el derecho al aborto “es un negocio para la comercialización de los fetos”.
En uno de los intermedios del debate del 3 de febrero, además, la asambleísta Geraldine Weber, del Partido Social Cristiano (PSC), dirigió en las afueras del Parlamento una oración con grupos antiderechos pidiendo que no se apruebe la ley para despenalizar el aborto.
Desde el Gobierno, cabe recordar, el presidente Guillermo Lasso ha dado luces de su rechazo hacia la despenalización del aborto. En las útlimas semanas, al ser consultado sobre el tema, Lasso dijo que «si ese proyecto de ley excede el mandato de la Corte Constitucional, será vetado por el Ejecutivo, de ser aprobado como se conoce en los medios obviamente será vetado, no puedo decir parcial o totalmente, depende del texto que apruebe la Asamblea».
El recelo del presidente frente a la despenalización del aborto en casos de violación sexual, a su vez, coincide con una intensa campaña en los espacios públicos. En las últimas semanas, una valla publicitaria que dice que “el primer derecho es nacer” ha sido instalada en una calle de Quito, ciudad capital de Ecuador.
Valla publicitaria en contra de la despenalización del aborto.
– Foto: Martha Villafuerte.
Desde la organización Programa Vida y Familia de la Arquidiócesis de Guayaquil, su coordinadora Martha Villafuerte informó que la valla publicitaria fue una donación de la sociedad civil que fue gestionada por Diana Bravo, directora de “Quiteños Provida”.
Martha Villafuerte, cabe recordar, también es la fundadora de la organización “Familia Ecuador” y en las elecciones presidenciales 2020 fue candidata a la vicepresidencia con el Movimiento Ecuatoriano Unido, bajo el liderazgo del candidato y pastor evangélico Gerson Almeida Espinoza. En setiembre de 2021, la Pastoral de la Vida de la Diócesis de Portoviejo también gestionó la instalación de una valla publicitaria en su localidad con un mensaje en contra de la despenalización del aborto.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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