¿Regla o excepción?
Tucumán: febrero
El 31 de enero de este año, “Lucía”, niña de 11 años, llegó a un centro de atención médica en Tucumán por “un dolor de tripa”. No pasó mucho tiempo para que el personal médico constatara la existencia de un embarazo. Luego, la niña contaría que había sido violada por la pareja de su abuela.
Aunque parecería imposible, la historia se puso peor: a pesar de que la niña y su madre habían expresado su decisión de interrumpir el embarazo, medida que en caso de violación sexual es legal en este país, un conjunto de arbitrariedades impidieron que el aborto se realice: no se brindó oportunamente información sobre el derecho de la niña a acceder a una interrupción legal del embarazo (ILE), se exigió la autorización de ambos padres cuando esta no es un requisito, se brindó un asesoramiento tendencioso dirigido a forzar a la niña a continuar con el embarazo y, cuando ya no hubo cómo convencerla, los médicos del centro médico público alegaron objeción de conciencia, obligando a la niña a adquirir asistencia privada. Cuatro semanas después, la niña fue sometida a una cesárea y no a un aborto.
Jujuy: enero
“Lucía” no es la única niña víctima de violación sexual que el Estado argentino ha forzado a mantener un embarazo no deseado. En enero de este año, en la provincia de Jujuy, una niña de 12 años se acercó a un centro de atención médica a causa de un fuerte dolor abdominal. Los médicos pronto detectaron que se trataba de un embarazo de 24 semanas. Ante la noticia, la niña contó que había sido violada por un vecino de 60 años, quien la había amenazado con matarla si contaba lo sucedido.
Aunque la cesárea no es un método contemplado por la Organización Mundial de la Salud para la interrupción del embarazo, la niña fue sometida a una y obligada a concebir, lo cual constituye un acto de tortura.
“Estamos sumamente preocupadas por el patrón de conducta que se está viendo en los sistemas de salud provinciales en relación a los embarazos forzados de niñas, haciéndolas transitar esos embarazos, que son tortura, a pesar del pedido reiterado, como en el caso de la niña tucumana, de acceder a la interrupción legal de embarazo…»
– Adriana Guerrero, representante de Cladem
El aborto legal en Argentina
1921
Se aprobó una reforma al Código Penal de 1886 y Argentina se convirtió en un país pionero en la legalización del aborto en determinadas circunstancias: cuando está en peligro la vida o salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de un abuso a una mujer con discapacidad.
2012
Pasó casi un siglo para que se incluyera otro supuesto de aborto no punible: el aborto en casos de violación sexual, sin importar la condición de discapacidad de la víctima. La Corte Suprema de Justicia de Argentina, en el caso F.A.L, determinó que en atención a los principios de igualdad, dignidad y legalidad, el aborto en cualquier caso de violación no era sancionable. Además, dispuso que ningún caso amparado por un supuesto de aborto legal, debía ser sometido a judicialización. Finalmente, exhortó a los Estados provinciales a que aprobaran protocolos hospitalarios que garantizaran un acceso rápido y seguro al aborto.
2015
Tres años después del fallo F.A.L, el Gobierno Nacional aprobó el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Según, la organización Aborto sin barreras, hasta el 2017, solo 10 de las 24 jurisdicciones se han adherido al Protocolo Nacional o cuentan con protocolos que se ajustan a estos criterios.
El aborto en América Latina
Con todo y sus problemas, Argentina es más excepción que regla. Según El País de España, alrededor del 90% de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe vive en países con leyes de aborto restrictivas. Solo en Cuba, Uruguay y en Ciudad de México (CDMX), las mujeres pueden abortar de forma gratuita y libre, mientras que en El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua, República Dominicana y Surinám, el aborto está totalmente prohibido.
Información veraz, articulación regional e investigaciones rigurosas
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.