En el marco del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, La Mala Fe analiza las experiencias que nos deja la lucha por el derecho a decidir en algunos países de la región, frente a los ataques de grupos antiderechos que continúan trabajando contra la agenda de los derechos sexuales y reproductivos.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
Incluso en el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, no se detiene el conteo de muertes diarias de mujeres y niñas de América Latina que no pudieron acceder a la interrupción de sus embarazos, ni las denuncias y penas privativas de la libertad contra las que abortaron en países donde aún es delito la decisión de no llevar un embarazo, sin importar que haya sido producto de una violación sexual o que ponga en riesgo la salud y vida de la gestante.
En el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, analizamos el derecho a decidir en cinco países de la región: Argentina, México, Ecuador, El Salvador y Perú.
A mediados de 2018, Argentina retomó el avance de la ola verde en Latinoamérica conformada por mujeres feministas y defensoras de los derechos humanos que promovieron el acceso a un aborto legal y seguro. Hasta esa fecha, pocos eran los países de la región que habían despenalizado la interrupción del embarazo: Cuba, Uruguay y Guyana.
Argentina, que solo contaba con una ley promulgada en 1921 que permitía el aborto únicamente en caso de violación o de peligro para la vida de la gestante, lo intentó en 2018.
Ese año, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó un proyecto de ley que proponía despenalizar el aborto hasta la semana 14 de embarazo, pero la propuesta solo avanzó hasta el Senado, donde fue rechazado por una mayoría conservadora y opositora a los derechos sexuales y reproductivos.
En 2020, Argentina volvió a intentarlo, y en diciembre de ese año el Senado aprobó el proyecto de ley. El 14 de enero de 2021, el gobierno del presidente Alberto Fernández promulgó la Ley 27.610 que legaliza la interrupción del embarazo hasta la semana 14 pero que a su vez contempla la objeción de conciencia para el personal médico.
Manifestación en Argentina tras la despenalización del aborto.
– Foto: La Tercera (Chile).
A ocho mil kilómetros de Argentina, el acceso al aborto legal y seguro también avanzó. El pasado 7 de setiembre de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México resolvió retirar la interrupción del embarazo del Código Penal del estado de Coahuila. Hasta ese entonces, solo cuatro estados de México permitían el aborto sin consecuencias penales: Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Hidalgo (2021) y Veracruz (2021).
En ese país se estima que se practican entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos, de los cuales un tercio requirieron atención médica por complicaciones en el parto o la salud de la mujer. Pese a la realidad registrada por las instituciones competentes, en 27 estados de México se rigen normas restrictivas sobre el aborto que apenas contemplan excepciones en casos de violación, sobre fetos con malformaciones o gestantes en peligro.
Pese al desalentador marco normativo que se rige en la mayoría de estados de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó un precedente para las cortes de todo el país al despenalizar la interrupción del embarazo en el Estado de Coahuila. “A partir de ahora no se podrá procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos considerados por este tribunal”, dijo Arturo Zaldívar, presidente de la Corte Suprema, al interpretar la resolución emitida.
Antes de Coahuila, en setiembre de 2019 el Estado de Oaxaca también aprobó despenalizar la interrupción del embarazo hasta la semana doce de gestación. Los alcances de su ley se aplican en casos de embarazos productos de una violación sexual, en inseminaciones artificiales no consentidas, en situaciones de peligro para la vida y salud de la gestante y cuando un médico advierta alteraciones genéticas o congénitas en el feto.
Uno de los grupos de la sociedad civil identificados como opositores a los derechos sexuales y reproductivos es Sublevados, una organización que impulsa una agenda conservadora que se opuso a la despenalización del aborto en el Estado de Coahuila. El rechazo a la interrupción del embarazo también fue replicado por la senadora María Lilly del Carmen Téllez García.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México al momento de resolver despenalizar el aborto en el Estado de Coahuila.
– Foto: El País.
La discusión sobre la necesidad de despenalizar el aborto tomó relevancia en Ecuador en abril de este año cuando la Corte Constitucional declaró inconstitucional criminalizar y sancionar con cárcel a las mujeres embarazadas producto de una violación que abortaron o lo intentaron.
De acuerdo a las cifras brindadas por Bernarda Ordoñez, de la secretaría de Derechos Humanos de Ecuador, más de 3 mil niñas menores de 14 años han sido madres productos de una violación sexual. “La escasa o negligente data en materia de sentencias, cumplimientos de las mismas y reincidencia, impiden conocer la tasa de impunidad de estos delitos”, agregó Ordoñez en referencia al delito de violación sexual contra menores de edad.
En ese contexto, en junio de este año la defensora del Pueblo subrogante, Zaida Rovira, presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca garantizar el acceso al aborto en casos de violación sin especificar una temporalidad permitida. “Creemos que la ley no debe tener un artículo que determine en qué mes o en qué día puede interrumpirse el embarazo por violación. Más bien, este es un tema que debe ser parte de un análisis, de una junta médica con el acompañamiento psicológico y social”, sustentó Rivera.
Desde entonces, el proyecto de ley se encuentra bajo discusión y análisis de la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa, donde deberán resolver en un plazo máximo de seis meses. En el país, mientras tanto, ha habido 26 sentencias condenatorias por abortar en los últimos 5 años, así como cerca de 40 mil abortos al año, donde el 80% no fueron registrados.
Anteriormente, el debate sobre la misma materia no ha llegado a buen puerto. En setiembre de 2019, 65 miembros de la Asamblea Legislativa votaron en contra de un proyecto de ley que buscaba legalizar el aborto en casos de violación. En setiembre de 2020, el entonces presidente Lenin Moreno también rechazó una iniciativa similar que fue aprobada por la Asamblea Legislativa.
La Asamblea Nacional en 2019, cuando rechazó la despenalización del aborto en casos de violación sexual.
– Foto: El Universo.
En el marco de una reforma constitucional promovida por el gobierno de El Salvador que promueve cambios en materia de mandato presidencial, diversidad sexual, justicia, eutanasia y donación de órganos, la despenalización del aborto también entró en la agenda.
La Asamblea Legislativa, sin embargo, acordó archivar el proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto. Esto pese a que por lo menos 49 mujeres, entre el 2000 y el 2014, fueron condenadas a prisión por delitos vinculados al aborto, como fue el caso de la ciudadana Cindy Erazo, una mujer que fue sentenciada a 30 años de cárcel en 2015 por sufrir un aborto espontáneo en un centro comercial de San Salvador, capital de El Salvador.
El rechazo de la Asamblea Legislativa fue saludada la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) y diversas organizaciones antiderechos de la sociedad civil. Tanto es así que el pasado 13 de setiembre pasado, 75 organizaciones de ese tipo enviaron una petición firmada al presidente Nayib Bukele para pedir que rechace la reforma constitucional que proponía despenalizar el aborto.
Algunas de esas organizaciones fueron la Fundación Sí a la Vida El Salvador, la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios, Católicos en Acción, Cuarenta Días por la Vida El Salvador, la Fundación Heartbeat, Médicos por la Vida y el Centro de Ayuda para la Mujer. La CEDES, por su lado, emitió un comunicado donde enfatizó que “no se puede aceptar una reforma constitucional que ponga las condiciones para la legalización del aborto”.
– Foto: ZUMA Press
Desde 1924, la única forma de interrumpir un embarazo permitida en Perú es a través del aborto terapéutico, cuando la salud o vida de la gestante esté en riesgo. Las cifras oficiales del Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio Público, sin embargo, demuestran que en la práctica no se cumple la norma y obliga a miles de mujeres y niñas a llevar embarazos que podrían generarles la muerte.
Del 2018 hasta agosto de 2021, según el Minsa, se reportaron 4483 partos en niñas menores de 14 años. Al día, además, por lo menos 5 niñas víctimas de violación sexual son obligadas a mantener los embarazos. La mayor cantidad de estos casos se dan en Lima, Loreto, Ucayali y San Martín.
En los tres años, de acuerdo a información proporcionada por el Ministerio Público, se reportaron 12 mil 677 denuncias por violación sexual contra niñas menores de 14 años. Es decir, cerca de 13 denuncias al día.
En ese mismo periodo de tiempo, solo 40 niñas de 12 a 14 años accedieron a la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), y de los 321 abortos terapéuticos realizados por el Ministerio de Salud, solo 10 fueron para niñas menores de 14. En Piura, La Libertad, Junín, Arequipa y Cusco ninguna niña embarazada producto de una violación sexual accedió al aborto terapéutico.
En Perú, los derechos sexuales y reproductivos, como el aborto legal y seguro, es uno de los temas más rechazados por los grupos antiderechos con presencia en la política y en la sociedad civil. Solo en el Congreso, las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País se han manifestado abiertamente fieles a alguna religión y en contra del aborto.
Desde la sociedad civil, en los últimos cinco años, han surgido colectivos como “Con mis hijos no te metas”, Padres en Acción y ALA Sin Componenda, que no solo se pronuncian en contra del aborto y otros derechos de las mujeres y la población LGBTIQ, también ejercen lobby en el Congreso para imponer su agenda conservadora y demandas de acción de amparo en el sistema judicial para revertir, por ejemplo, la distribución gratuita de la Anticoncepción Oral de Emergencia, una pastilla que forma parte de los kits que el Estado entrega a víctimas de violación sexual para prevenir embarazos.
Activistas feministas exigiendo la despenalización del aborto en la Plaza San Martín, en Lima.
– Foto: Agencia Andina.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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