Durante los últimos años, con el fin de sancionar el aborto con severidad, las autoridades de México han comenzado a denunciar a las mujeres por un delito que sí ocasiona la privación de su libertad: homicidio en relación de parentesco. El sistema persigue más a las mujeres más pobres.
Kennia Velázquez es reportera de salud, corrupción y derechos humanos. Integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y Connectas Hub.
Margarita vive y estudia en el puerto de Veracruz, ciudad ubicada en el Golfo de México, tiene 18 años y desde hace días ha tenido molestias estomacales y sus senos han presentado una hinchazón inusual. Las vacaciones navideñas de 2014 están por comenzar y antes de regresar a su ciudad natal, Playa Vicente, decide ir al servicio médico público y gratuito que tiene por ser estudiante de la Universidad Veracruzana. En la Clínica 61 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) un médico le diagnostica colitis, gastritis e inflamación de las glándulas mamarias. Le entregan sus medicamentos para los dos siguientes meses que ella pasará con su familia.
Tres meses después, en marzo del 2015, Margarita presenta un retraso en su ciclo menstrual. Se practica una prueba de embarazo y da positiva. Pocos días después, intensos dolores y un sangrado abundante la llevan de regreso a la clínica. En la sala de urgencias, luego de esperar cuatro horas para ser atendida, la ginecóloga le precisa que tiene 20 semanas de embarazo y que su malestar se debe a que estaba teniendo un aborto. Los dolores y el sangrado continúan, pero el personal médico no hace nada. La dejan en una camilla, llaman a la policía y la acusan de haberse provocado un aborto.
Esa misma semana, la fiscalía inició una investigación penal contra Margarita por aborto, aunque inicialmente querían abrirle el proceso por asesinato. En el estado de Veracruz este procedimiento no es legal, pero la pena no se castiga con la cárcel. Las normas obligan a las mujeres a someterse a un proceso denominado de “reeducación”. En los estados de México donde aún se considera el aborto ilegal, las penas no exceden los 6 años de cárcel y son conmutables por el pago de una fianza o trabajo comunitario.
En esta investigación de OjoPublico se profundiza cómo durante los últimos años las autoridades han comenzado a denunciar a las mujeres por un delito que sí ocasiona la privación de su libertad: homicidio en relación de parentesco. El objetivo: establecer procesos y sanciones más severas contra las mujeres.
Al ser denunciadas por homicidio pueden recibir una condena de hasta 40 años de prisión. Solo en la Ciudad de México y en Oaxaca el aborto está permitido hasta las 12 semanas de gestación. En el resto del país la única causal que está aprobada es por violación.
Data del Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) señala que de abril 2007 a septiembre 2019, el 46% de usuarias atendidas en servicios de ILE en CDMX tiene entre 18 y 24 años.
Las Libres es una organización defensora de los derechos de las mujeres que trabaja desde hace 19 años en México. Sostienen que la judicialización contra las mujeres por aborto se aplica de manera selectiva sobre todo a las que viven en condiciones de pobreza, violencia, marginación y exclusión. Aquellas son las principales afectadas por las denuncias de los funcionarios de las áreas de salud a donde acudieron cuando necesitaban atención.
Margarita creció en un pequeño poblado rural con vestigios de origen zapoteca, ubicado en el municipio de Playa Vicente, en Veracruz. Cuando su mamá se mudó a la ciudad para buscar un empleo que le permitiera pagar la educación de sus tres hijos, su abuela materna se encargó de cuidarla a ella y a sus dos hermanos.
La abuela le enseñó desde los seis años los quehaceres del hogar y le pedía que atendiera tanto a sus hermanos como a sus tíos y primos, pues en cuanto llegara a la adolescencia debía casarse y formar su propia familia. Margarita creció en un ambiente de arraigadas creencias religiosas. No se casó a los 15 años como lo hizo su madre. Contra la voluntad de su abuela, se fue del pueblo para iniciar sus estudios universitarios y eligió administración de empresas. Era la primera mujer de su familia en ir a la universidad.
Margarita se entera de que está embarazada a un año de concluir sus estudios universitarios. Le da la noticia a su expareja, pero él le dice que ella tenía que hacerse cargo sola. Sabe que eso implicaba dejar la universidad, porque necesitaría dinero. No lo duda y decide continuar con el embarazo.
Ese día de marzo del 2015, cuando Margarita ingresa de emergencia al hospital, recuerda que les dice al personal médico: “Estoy embarazada”. En ningún momento le suministraron medicamentos para el dolor y detener el sangrado. “Lo que me dolió mucho es que nunca les preocupó salvar la vida de nadie. Ellos dijeron que era un aborto y de inmediato me denunciaron”, declaró Margarita para esta investigación.
Solo cuando dejó de sangrar, le dieron un sedante. Cuando despertó, alrededor de su cama estaban personal del hospital, la policía y hasta reporteros. Todos le decían: “¿Por qué asesinaste a tu hijo?, ¿Quién te vendió las pastillas?” Margarita se dio cuenta de que los policías comenzaron a hostigar a su amiga que la había auxiliado y llevado de emergencia. La acusaban de haberle ayudado a abortar. “Le tuve que pedir que se fuera, no quería que fuera parte de esto”, recuerda.
«Margarita se dio cuenta de que los policías comenzaron a hostigar a su amiga que la había auxiliado y llevado de emergencia. La acusaban de haberle ayudado a abortar».
El maltrato continuó al quedarse sola. Las enfermeras le acercaron el feto envuelto en una sábana, la obligaron a besarlo, y dice que le dijeron que debía pedirle perdón por haberlo “asesinado”. El personal médico le puso un nombre y los apellidos de Margarita. Luego, le entregaron un documento para que firme. “Yo no entendía nada, me sentía mal, culpable, y empecé a pensar que sí había matado a mi hijo”.
Margarita permaneció dos días más en la clínica, la ubicaron en el área de maternidad, en una habitación junto a otras mujeres que recién habían dado a luz y tenían a sus bebés en brazos. “Fue una tortura, todas me llamaban asesina”. El ensañamiento continuó con las enfermeras: al suministrarle el suero le hincaban las agujas con agresividad, tanto que su brazo terminó con moretones. “No me dieron de comer. Me decían que me iría a la cárcel”.
Verónica Cruz, directora de Las Libres, explica que “el principal problema con las investigaciones penales que se inician contra las mujeres es que muchas no conocen sus derechos, y los médicos y enfermeras ejercen un poder contra ellas”.
La representante de Las Libres puntualiza también uno de los puntos más delicados en estas denuncias: el quiebre de la confidencialidad médico-paciente. “Se viola el principio de privacidad e intimidad, los funcionarios se convirtieron en jueces, dejando de lado lo que establece la Norma oficial Mexicana 007, que deben proporcionar sus servicios con calidad y respeto de sus derechos humanos, principalmente a su dignidad y cultura, facilitando, en la medida de lo posible, apoyo psicológico”, explica.
Para entender cómo se estaban implementando los protocolos de atención en estos casos, solicitamos una entrevista con algún representante del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, pero se negaron a dar una entrevista argumentando que no tenían tiempo.
Aunque la directora de la clínica le dijo a Margarita que no tendría ningún problema, cuando le dieron de alta la llevaron directamente a rendir su declaración a la fiscalía. Hasta allí llegaron también su exnovio y una de las enfermeras que la hostigó. Sin ningún abogado que la acompañe, el agente del Ministerio Público le preguntó si no se sentía arrepentida. “Tanto me dijeron era una asesina, que pensé que esa noche la pasaría en prisión”.
Margarita solo tuvo acceso a un abogado cuando la organización Las Libres se comunicó con ella. El involucramiento de Verónica Cruz en la defensa fue fundamental para que no la acusen de homicidio.
Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero del 2015 y agosto de 2019 se han abierto 2.569 investigaciones por casos de aborto. Las Libres han construido una base de datos propia, y en esta han establecido que en 17 años (2000-2017) fueron alrededor de 4.118 las personas investigadas por el delito de aborto. En su investigación toman en cuenta tres fuentes oficiales distintas (estatal, federal y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía – INEGI). No en todos los casos se señala el sexo del incriminado.
CIUDAD DE MÉXICO. Más de 214 mil mujeres han acudido a la capital de México para iniciar los trámites de cese del embarazo entre el 2007 y el 2019, según la información oficial.
Las activistas han detectado que en distintos estados hay un número aún no determinado de mujeres no acusadas por aborto, sino por homicidio en relación de parentesco, infanticidio, parricidio, omisión del cuidado y filicidio, delitos que alcanzan penas de cárcel con hasta 40 años.
Verónica Cruz explica que el sistema se ensaña con las mujeres que desconocen sus derechos y no tienen la posibilidad de contar con defensa legal. “Hay un dolo de todo el Estado. Se está sancionando el aborto socialmente y en estas mujeres se busca un castigo ejemplar”. Para los acusadores “la idea es que estas mujeres sí o sí debieron ser madres”.
La amnistía que anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para liberar a mujeres presas por abortar no beneficiaría a las mujeres acusadas de homicidio, pues expresamente se menciona que esta no alcanza a los delitos graves.
En México, solo en la capital y recientemente en Oaxaca se puede practicar el aborto hasta las 12 semanas. Según datos del gobierno de la capital del país, de abril de 2007 a julio de 2019, más de 214 mil mujeres de todo el país han acudido a la ciudad para solicitar la interrupción de su embarazo.
Para el resto del país, la única forma legal de aborto es para casos de violación sexual. La norma establece que no es necesario interponer una denuncia como prueba, sin embargo, algunos médicos lo solicitan o se niegan a realizar el procedimiento.
Después de la despenalización del aborto en la Ciudad de México en 2008, los congresos locales de 17 estados han realizado reformas a las constituciones estatales con el fin de “proteger la vida desde el momento de la concepción”. La intención ha sido limitar los derechos reproductivos de las mujeres, evitar el acceso a un aborto legal y seguro y obstaculizar futuros intentos por ampliar causales o la despenalización total del aborto.
Sin embargo, las reformas no son un obstáculo legal para el acceso al aborto bajo las causales determinadas por cada estado. Lo único que han logrado es confundir tanto a las mujeres, al personal de servicios de salud y funcionarios del área de procuración de justicia.
Margarita tuvo la suerte de no ir a la cárcel pues desde un inicio tuvo el apoyo legal de Las Libres y de la Clínica de Interés Público del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas), quienes interpusieron un amparo, que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al final, el caso fue archivado.
En opinión del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), en México la mujer que aborta, ya sea voluntaria o involuntariamente, o que tenga un parto fortuito, sufre un estigma, aquellas que pasan por un proceso judicial “sin importar el sentido de la sentencia, puede tener consecuencias permanentes en la vida de las personas denunciadas, su familia y la relación con su comunidad”.
La mamá de Margarita fue obligada a casarse a los 15 años con un hombre que su abuela eligió, finalmente lo dejó porque constantemente la violaba y golpeaba. “Nosotros somos producto de violaciones, mi mamá me dijo cuando supo del aborto: ‘yo pude abortarte’, pero decidí tenerte. Entonces yo me sentía más culpable, pensaba que si ella pudo sacarnos adelante, yo también hubiera podido”.
«Maternidad o castigo: Criminalización del aborto en México» es un informe producido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Desgastada física y emocionalmente, Margarita padeció depresión y aunque contaba con ayuda psicológica, el acoso de la gente seguía. “Mi vida era horrible, aterradora”. Para recuperar su tranquilidad, dejó Veracruz, se mudó a León, Guanajuato. Cuando la prensa se dio cuenta de que había dejado el puerto fue acusada de huir de la justicia.
Entre el 2007 y el 2009 se realizaron 531 juicios penales y 228 sentencias por aborto en México, 19 de ellas fueron condenadas a prisión. En el mismo periodo, por delitos de infanticidio y homicidio se llevaron a cabo 36 juicios penales en contra de mujeres, 23 de ellas pisaron la cárcel. Así se detalla en el texto “Maternidad o Castigo, la criminalización del aborto en México” publicado por Gire en agosto de 2018.
Cuando se mudó a Guanajuato, a Margarita aún le perseguía la culpa, “yo estaba muy enojada conmigo misma, porque todo mi proyecto se vino abajo, porque tuve que cambiar mi vida”, dice. Luego, con el tiempo decidió retomar sus estudios y alejarse de sus acusadores. Hoy es licenciada en administración de empresas y acompaña a mujeres en sus procesos de aborto, “me siento libre”, nos dice.
Ilustración de portada: Leyla Arenas.
Los Acusadores es una serie periodística liderada por OjoPúblico –en alianza con El Espectador (Colombia) y con el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (México)– que investiga las formas que utilizan los Estados en América Latina para perseguir judicialmente a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Con el apoyo de CLACAI.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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