Entre altos índices de mortalidad materna, bajos niveles de acceso a métodos anticonceptivos y un sistema de salud pública colapsado por la emergencia humanitaria, las organizaciones feministas empujan a la Asamblea Nacional a debatir sobre la despenalización del aborto libre y seguro.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
El pasado martes 28 de setiembre, en el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, las calles de Venezuela fueron ocupadas por la marcha de mujeres feministas y defensoras de los derechos humanos que protestaron para despenalizar la interrupción del embarazo. La crisis humanitaria que se sufre en el país, además, limita aún más el acceso a métodos anticonceptivos y el índice de mortalidad materna.
El recorrido de la marcha llevada a cabo el pasado 28 de setiembre en Venezuela terminó en el Palacio Federal Legislativo, donde las activistas de más de cincuenta organizaciones feministas entregaron una propuesta de ley para despenalizar el aborto y que fue recibida por parlamentarios de las comisiones de Culto, Desarrollo Socia y Política Interior.
Así, Venezuela llega tarde al debate para despenalizar el aborto, en medio de una emergencia humanitaria que mantiene al país en situación de pobreza, con bajos índices de acceso a métodos anticonceptivos y una alta tasa de mortalidad materna. En las principales ciudades de Venezuela, por ejemplo, se detectó escasez de métodos anticonceptivos en la mayoría de farmacias, según información de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de este año.
Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo de Venezuela.
– Foto: Flickr.
Solo una caja de píldoras anticonceptivas, actualmente en Venezuela, cuestan cerca de 5 dólares, lo que supera el salario mínimo promedio en el país. Y de 100 mujeres que hacen cola en una droguería para compras pastillas anticonceptivas, solo 15 las obtienen según el Índice de Escasez de Métodos Anticonceptivos de Mujeres al Límite.
El Gobierno de Venezuela tampoco cuenta con un registro actualizado de mortalidad materna. Su último reporte, el del 2016, mostró que por lo menos 756 mujeres gestantes fallecieron. Por cada 100 mil nacidos vivos que se registran en ese país, ocurren entre 100 a 299 muertes maternas.
Sumado a eso, la emergencia humanitaria que se sufre en el país ha terminado por colapsar el sistema de salud pública, tanto es así que la mayoría de hospitales no cuentan con incubadoras ni respiradores neonatales. Según el informe Mujeres al Límite 2019 de la Coalición Equivalencias en Acción, la emergencia humanitaria de Venezuela no solo limita el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva, también incrementa las muertes de mujeres embarazadas.
En ese contexto, las activistas y defensoras de derechos humanos de las mujeres exigen al Parlamento de Venezuela que impulse un proyecto de ley que garantice el derecho de las mujeres de las mujeres al aborto seguro, la inclusión del tema en la agenda legislativa 2021 – 2022 y una reforma al Código Penal sin modificaciones desde hace más de cien años.
Al respecto, el presidente de la nueva Asamblea Nacional y representante del chavismo, Jorge Rodríguez, ha dado declaraciones neutrales sobre el aborto. “Hicimos una consulta que llegó a tener más de 40 propuestas. No puedo darte mi postura, pero todo lo que hagamos será a través de la consulta popular”, dijo en una conferencia de prensa recientemente.
Para Malu Valerio, activista feminista del colectivo Sobrepasadas, la historia de los gobiernos de Venezuela es muy cercana a los militares ultraconservadores y la iglesia. “Nuestros cuerpos no escapan de la necesidad de control y explotación histórica, que entiende los cuerpos de las mujeres y personas gestantes como extensión del territorial al que hay que sacar provecho”.
Por su lado, Liliana Buitrago, miembro del Grupo de Trabajo Mujeres, Cuerpos y Territorios, coincide. “Los gobiernos (de Venezuela) son expresiones de sociedades, y nuestra sociedad, como nuestro gobierno, es patriarcal, conservadora y con una cultura antiderechos. También hay un giro importante reciente en la región, que tiene que ver con el avance de grupos antiderechos fundamentalistas que han hecho lobby político para reforzar proyectos conservadores en América Latina”, dice.
El avance de los grupos antiderechos en Venezuela se vio reflejado en el proceso electoral de 2018, donde postuló a la presidencia Javier Bertucci, un empresario y pastor evangélico de la Iglesia Maranatha que actualmente es diputado por el estado de Carabobo en la Asamblea Nacional. En Venezuela, según el profesor Antonio Sáez Arance del Instituto de Historia de la Universidad de Colonia, los evangélicos representan cerca del 25% de la población.
El pastor evangélico Javier Bertucci, en un acto de campaña celebrado en Valencia (Carabobo).
– C. Hernández (EFE).
A la par, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene pendiente por resolver una demanda para despenalizar el aborto desde 2018. Ahora, la Asamblea Nacional tiene en sus manos la oportunidad de iniciar un debate sobre la despenalización del aborto y su ejecución de forma segura.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
Edith Arenaza, abogada del caso Eidan: «Es la primera vez que el Tribunal Constitucional...