Con el objetivo de «consolidar una nueva generación de responsables dispuestos a defender la vida, la familia, la libertad religiosa y la democracia», nació hace unos meses la ONG Global Center for Human Rights, fundada por la abogada mexicana Neydy Casillas y el abogado argentino Sebastián Schuff, conocidos por su activo lobby antiderechos en distintos países.
De acuerdo a esta organización, los sistemas de protección de derechos humanos se extralimitan en sus funciones y son financiados por «grupos de presión» para imponer el aborto, el matrimonio igualitario y los derechos de la población LGTBIQ+. Según señaló Schuff, las opiniones consultivas y los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «son contenidos, lenguaje y terminología totalmente ideológicos».
Recientemente, uno de los casos que preocupa al Global Center for Human Rights es el de Beatriz vs. El Salvador. Como se recuerda, Beatriz fue una joven a la que el sistema judicial le negó la interrupción de su embarazo en 2013, pese al riesgo que enfrentaba por su estado de salud y por tratarse de un feto anencefálico. La CIDH determinó que El Salvador era responsable por la violación de los derechos de Beatriz y recomendó a este Estado que adopte medidas para hacer posible el acceso real al aborto en situaciones de inviabilidad del feto con la vida extrauterina, y de riesgo de la salud y la vida de la madre. En enero del 2022 el caso fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el organismo ha convocado a una audiencia para el 22 y 23 de marzo de este año.
La alerta para los abogados antiderechos sobre el caso es que «las autoridades podrían utilizarlo para liberar el aborto en 20 países», dijo Neydy Casillas según el reporte del medio Siete24.