Tras dos años de promulgarse la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el acceso aún es desigual en las provincias del país por la falta de infraestructura, de capacitación en el personal de salud, así como ausencia de información y de educación sexual integral.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
En diciembre de 2020, el Senado de Argentina aprobó el proyecto de ley enviado por su presidente Alberto Fernández que despenaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación y obliga a las entidades de salud pública a garantizar el acceso a este servicio. Este derecho se definió con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.
Dos años después de su promulgación, el acceso al derecho a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 aún es desigual entre las provincias. Según datos del Ministerio de Salud de Argentina, en las ciudades más pobladas y urbanizadas concentran la mayor cantidad de abortos practicados, mientras que en otras provincias se identificaron brechas y obstáculos para acceder a este servicio.
De acuerdo a los reportes de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, hasta el mes de julio de este año, se realizaron 73 mil 487 abortos en los centros de salud públicos, aunque se identificó dificultades en el acceso en algunas provincias.
Ministerio de Salud de la Nación de Argentina, en Buenos Aires.
– Foto: Gobierno de Argentina.
En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hasta el 31 de julio del 2021 se registraron 33 mil 147 abortos; en Caba se contaron 8 mil 847 y 4 mil 383 en Santa Fe. Estas 3 ciudades concentran la mayor cantidad de atenciones para la interrupción voluntaria del embarazo. No obstante, en otras provincias el índice de acceso al aborto es bajo.
Una de esas provincias es Formosa, que hasta julio del año pasado apenas brindó 273 abortos voluntarios. En las regiones de Santa Cruz y Tierra del Fuego también se identificó una menor cobertura a la interrupción del embarazo con 278 y 343 casos respectivamente. Al respecto, estudios sostienen que esta brecha responde a la distribución geográfica de los centros de salud pública, de los cuales la mayoría se concentran en las ciudades importantes.
Desde el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), junto al Centro de Estudios de Estados y Sociedad (CEDES), se inició el Proyecto Mirar, una iniciativa que busca monitorear el acceso y cobertura de los derechos sexuales y reproductivos en Argentina, así como las brechas y obstáculos. Para tal fin, el proyecto sostiene un trabajo en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, personal médico y ciudadanos de las provincias más rezagadas.
La investigadora del CEDES, Silvina Ramos, que también es parte del Proyecto Mirar, explicó así sobre el objetivo de la iniciativa: “Compartimos información sobre rasgos centrales de la política nacional de acceso al aborto y sobre la situación de la provincia para contribuir a la construcción conjunta de un diagnóstico sobre el estado actual de la implementación de la ley a nivel local y potenciar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar”.
Silvina Ramos, investigadora del Centro de Estudios de Estados y Sociedad (CEDES).
– Foto: Organización Mundial de la Salud.
En ese sentido, el monitoreo del Proyecto Mirar ha identificado que en 2020, 6 de cada 10 mujeres que fueron asistidas durante el parto en los hospitales, manifestó no haber planificado su embarazo. Al respecto, en la provincia de Jujuy el 75,8% de los embarazos atendidos no fueron planificados, mientras que en La Rioja y Neuquén es el 88% y 52,7% respectivamente.
Otro obstáculo encontrado es que de los 6,5 mil hospitales y centros de salud de Argentina, solo 1327 garantizan el servicio a la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, apenas el 20% de establecimientos.
La iniciativa, a su vez, también encontró que la falta de confidencialidad en las pequeñas localidades donde persisten los estigmas sobre el aborto obstaculizan el acceso voluntario al servicio, así como la ausencia de educación sexual integral y de una política de comunicación que difunda los lugares donde acudir para recibir información precisa y oportuna.
Desde que se aprobó y promulgó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), los grupos antiderechos han emprendido una serie de estrategias para promover la objeción de conciencia entre el personal de salud, desinformar, judicializar la norma e impartir miedo en medios de comunicación.
Marcha antiaborto en Argentina.
– Foto: Ramiro Pereyra.
A través de la campaña “Comenzó la resistencia provida”, las organizaciones conservadoras promovieron una iniciativa para que el Ejecutivo agregue un procedimiento previo al aborto: que se le realice una ecografía del feto a la mujer que solicita la interrupción legal del embarazo. A su vez, pidieron que se garantice el derecho a la objeción de conciencia, pese a que el artículo 11 de la ley establece el derecho del personal de salud a objetar y que otro funcionario realice el procedimiento.
Tras la promulgación de la ley, además, los grupos antiderechos lanzaron el programa “Ya no te llamarán abandonada” en la Radio María Argentina, con el fin de brindar presunto acompañamiento “psicológico y espiritual” y hablar sobre supuestos “traumas post aborto”. A la par, en la vía judicial presentaron diversos recursos de nulidad o inconstitucionalidad con el fin de deshabilitar la Ley del Aborto Legal, aunque aún sin éxito.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
Autoridades y activistas antiderechos del mundo se reunirán en México para...