Desde bloquear la ratificación de convenios internacionales que buscan erradicar la discriminación, hasta frenar un evento de la OEA y cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
Durante las últimas dos semanas, a través de diversas iniciativas legislativas, el Congreso de la República del Perú ha arremetido contra la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Si bien inicialmente la mayoría conservadora del Parlamento era conformada por la oposición al Gobierno peruano, ahora esta también cuenta con el respaldo y los votos de la bancada oficialista de Perú Libre que mantiene posturas contrarias a la igualdad de género.
El pasado lunes 4 de julio, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, presidida por el parlamentario Ernesto Bustamante de la bancada de Fuerza Popular, debatió y rechazó dos resoluciones legislativas de carácter internacional suscritas por el Gobierno peruano en junio de 2013. El partido de Bustamante, cabe resaltar, se caracteriza por legislar en contra de la igualdad y los derechos sexuales y reproductivos.
Ernesto Bustamante, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.
– Foto: Agencia Andina.
Uno de temas bloqueados por la Comisión de Relaciones Exteriores fue la Resolución Legislativa N°0224/2021-PE que proponía aprobar la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. A su vez, este convenio buscaba establecer que la dignidad y la igualdad son principios básicos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que los países adopten compromisos para la erradicación total e incondicional del racismo y todas las formas de discrminación.
La Resolución Legislativa N°00221/2021-PE fue la segunda iniciativa bloqueada por la comisión presidida por el congresista conservador Ernesto Bustamante. Muy similar a la interior, esta iniciativa buscaba aprobar la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. Esto con el fin de reafirmar el derecho de todo ser humano a la igualdad ante la ley y a ser protegido contra toda discriminación o intolerancia, tanto en su vida pública, como en la privada.
Ambas resoluciones legislativas, cabe recordar, fueron suscritas por el Estado peruano el 5 de junio de 2013 durante el periodo de sesiones de la asamblea general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El rechazo de las iniciativas, según sustentó el congresista Ernesto Bustamante, se dio porque “recibió la preocupación de la sociedad civil y 4 entidades importantes”. Estas son la Conferencia Episcopal Peruana, ADF Internacional, el Concilio Nacional Evangélico del Perú y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Todas organizaciones religiosas, conservadoras y opositoras a la igualdad de género.
El pasado jueves 14 de julio, el Pleno del Congreso rechazó el proyecto de Resolución Legislativa 2548 que proponía aprobar el acuerdo entre el gobierno peruano y la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para llevar a cabo en Lima el quincuagésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.
El motivo del bloqueo fue por el pedido de garantizar un baño neutro para los asistentes del evento. Se trata de espacios sanitarios para el uso de cualquier persona sin excluir a la población trans y con discapacidades. A su vez, desde el Gobierno el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, explicó a través de su cuenta de Twitter que la garantía de baños neutros no genera obligaciones internacionales a futuro, solo “perjudica gravemente la imagen internacional del Perú”.
Ministro de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo.
– Foto: Agencia Andina.
La votación en contra fue celebrada por los grupos más conservadores del Congreso. Por ejemplo, el parlamentario Alejandro Muñante de la bancada de ultraderecha de Renovación Popular, dijo en su cuenta de Twitter: “Meter normas de contrabando y no respetar legislación interna, pese a que fue advertida, no les funcionó. Perú sigue siendo un fortín antiprogre”.
Por el contrario, la excongresista feminista Marisa Glave calificó el hecho como una “competencia de cavernícolas”. “Esta votación servirá para clases sobre los riesgos del fundamentalismo que puede imponerse tan ciegamente como para bloquear una fuente de activación económica para el sector turismo. Papelón internacional”, dijo Glave en sus redes sociales.
Al respecto, el ministro César Landa también pidió al Congreso reconsiderar la votación. Por su lado, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), también se sumó al pedido de Landa y enfatizó que “el Perú no puede dejar de realizar esta importante asamblea en materia de derechos humanos”.
El pasado 5 de julio, una comisión del Congreso también aprobó un proyecto de ley que propone cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al de “Familia y Poblaciones Vulnerables. La iniciativa fue impulsada por el parlamentario Américo Gonza, de la bancada de Perú Libre.
“Ciertamente, las mujeres violentadas son un grupo vulnerable en nuestro país que merece políticas públicas que las protejan; pero también los niños en estado de abandono y los adultos mayores en el mismo estado de abandono necesitan de políticas públicas que inciden en su protección”, dice la iniciativa entre sus argumentos. El Sistema de Naciones Unidas en Perú ha expresado su rechazo a la iniciativa.
Sede central del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
– Foto: Infobae.
Nueve exministras de la Mujer, además, también se pronunciaron en contra del proyecto de ley. Estas son Anahí Durand, Gloria Montenegro, Ana María Mendieta, Ana María Romero-Lozada, Marcela Huaita Alegr, Ana Jara, Aída García-Naranjo, Carmen Vildoso Chirinos y Anel Townsend. “Rechazamos el cambio de denominación y nos afirmamos en nuestra apuesta por la definición y el carácter del Ministerio en el Estado peruano que nos ha permitido avanzar en normatividad, políticas, programas y servicios para contribuir a eliminar la discriminación estructural de las mujeres”, zanja el pronunciamiento.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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