Las organizaciones detrás del caso que puede hacer caer el derecho al aborto en la Corte Suprema de EEUU apuntan también a Europa y América Latina
Mónica Cordero, Diana Cariboni, Lou Ferreira
El 8 de febrero de 2021, la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación y la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud presentaron una demanda ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil solicitando la adopción de medidas judiciales en relación con la nefasta instrumentalización de la línea de atención telefónica gestionada por el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos (MMFDH). La demanda cuestiona la constitucionalidad de los usos que se están haciendo de la línea de atención, por parte del gobierno de Bolsonaro, sea como herramienta de coerción política y policial, sea como mecanismo para promover sentimientos y movilización social antivacunas. Los argumentos desarrollados en la demanda judicial han sido examinados em detalle en el artículo de Jamil Chade publicado en el Portal UOL el 9 de febrero (ver abajo). En este breve preámbulo es interesante ofrecer algunas observaciones adicionales.
El uso arbitrario de la línea telefónica Llame 100 para “vigilar y castigar” las discusiones y acciones relacionadas con el “género” en instituciones públicas y privadas fue identificado por investigadores y activistas brasileños a principios de 2021. El grupo estaba entonces elaborando un informe sobre las políticas antigénero en Brasil para ser presentado al mandato del Experto Independiente en Orientación Sexual e Identidad de Género y Derechos Humanos, quien entonces preparando sus informes El Derecho a la inclusión y Prácticas de la Exclusión. En informe en inglés entonces presentado al mandato puede ser accedido acá y una versión actualizada em portugués, lanzada em octubre de 2021, está disponible acá.
Subsecuentemente, en noviembre de 2021, se identificaron dos casos concretos de profesores de escuelas públicas investigados por la policía después de que se hicieran denuncias contra ellos a través de la línea telefónica Llame 100. Los casos movilizaron artículos de prensa y llamaron la atención de los sindicatos de profesores y organizaciones afines, así como de los defensores de los derechos humanos. Posteriormente, en enero de 2022, el Ministerio emitió una nota técnica en la que justificaba el uso de la línea de atención telefónica como canal para denunciar “abusos de derechos humanos relacionados con la vacunación COVID” . En respuesta a estos usos descaradamente nefastos de un instrumento vital de vigilancia de las violaciones de los derechos humanos, las citadas confederaciones, en colaboración con un grupo más amplio de organizaciones de la sociedad civil, presentaron la petición ante el Tribunal Supremo.
La iniciativa es un paso más en una serie de impugnaciones judiciales de las dinámicas de desdemocratización en curso en Brasil desde 2019. Lo más significativo quizás sea observar que la demanda impugna simultáneamente la instrumentalización por parte del Estado brasileño de dos principales testaferros que ahora blanden los movimientos neoconservadores y de la derecha secular: la “ideología de género” y las conspiraciones relacionadas con la vacuna COVID-19. Los argumentos planteados por la ADPF desmontan, por tanto, los discursos y las estrategias políticas que están en el centro de las agitaciones desdemocratizadoras impulsadas por estas fuerzas durante la pandemia.
Les mantendremos informados sobre la evolución de la demanda.
Sonia Corrêa
Profesores y profesionales de la salud denuncian la instrumentalización de la línea llame 100 por parte del gobierno federal para la persecución política y como política de vigilancia. En una demanda presentada esta semana ante el Supremo Tribunal Federal (STF), la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (CNTS) alertan sobre los abusos y piden medidas urgentes al Poder Judicial.
La Acción de Non Cumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) alega que las iniciativas del gobierno federal están en total desacuerdo con la jurisprudencia del STF, y que el instrumento creado para registrar las violaciones se ha convertido en un aparato de patrullaje ideológico.
Según los grupos, el canal creado originalmente para recibir denuncias de abusos de los derechos humanos se ha utilizado ahora para amenazar a los profesionales de la educación, a otros ciudadanos y a las instituciones con puntos de vista diferentes a los del gobierno federal en temas como la vacunación, la identidad de género y la orientación sexual.
“Se han subvertido los conceptos de derechos humanos para permitir la aplicación de una política de vigilancia, persecución, discriminación y represión, especialmente en los ámbitos de la Educación y la Salud”, dice la acción, obtenida en exclusiva por la columna. La medida se llevó a cabo en colaboración con activistas y operadores jurídicos que trabajan en la defensa de los derechos humanos.
Creado en 1997, Disque 100 está vinculado al Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. Es responsabilidad del Ministerio recibir, analizar y remitir las denuncias de violaciones de derechos. La sistematización de las denuncias también se considera una herramienta para que los gestores públicos, la sociedad civil y los investigadores puedan monitorear la situación de los derechos humanos en el país. “Sin embargo, el canal ha sido reformulado bajo el gobierno de Bolsonaro”, acusan.
Una de las quejas de la ADPF se refiere a la iniciativa del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos de emitir una nota técnica la cual afirma que es una violación de los derechos humanos exigir una prueba de vacunación para acceder a lugares públicos o privados. “El dial 100 se puso a disposición para recibir este tipo de denuncias, en una acción más para combatir las medidas de contención de la pandemia de Covid-19. Una vez más, el uso de Dial 100 no respeta la decisión de la Corte Suprema, que afirmó la legalidad de las restricciones indirectas para ampliar la cobertura de vacunación en el país”, señalan las entidades.
En el gobierno y entre los aliados de la base radical del bolsonarismo, está en curso realiza una campaña en las redes sociales contra la prueba de la vacunación, alegando que sería una restricción de derechos. En Europa y en decenas de países, el instrumento es ampliamente utilizado, mientras que en Francia los estudios indicaron que las medidas salvaron 4.000 vidas y generaron una economía multimillonaria a las arcas públicas. Al incluir el tema en el Dial 100, las entidades señalan que el gobierno incita a dudar de las vacunas y a perseguir a los profesionales de la salud.
Otra de las quejas de la demanda se refiere a los cambios en los protocolos del Llame 100 por la inclusión de la expresión “ideología de género” como motivación de las violaciones de los derechos humanos. Para los grupos que lideran la demanda, esta medida pretende fomentar las denuncias contra los profesionales de la educación que abordan el tema en las escuelas.
Discurso creado en los años 90 por sectores conservadores de la Iglesia católica, la llamada “ideología de género” se ha convertido en una respuesta reaccionaria contra el avance de los derechos de las mujeres y de la población LGBTQIA+ a nivel internacional. Una de las preocupaciones de las entidades que han presentado la demanda es la posibilidad de que las fuerzas del orden se activen a partir de la información recibida por Dial 100 contra los profesionales de la educación.
“Esto ocurrió en diciembre de 2021 en el municipio de Resende (RJ), donde el director de la Escuela Municipal Getúlio Vargas recibió una citación de la Policía Civil debido a una denuncia anónima por exponer supuestamente a los alumnos a “conceptos comunistas” e “ideología de género”, describen los autores de la demanda. Otro caso fue el de una profesora de filosofía de la escuela pública Thales de Azevedo, en Salvador (BA), por abordar cuestiones de género, racismo y sexualidad.
“El Dial 100 fue utilizado para eludir la jurisprudencia establecida por el STF, tanto en relación con el enfoque de género en la educación como en la vacunación”, dice la abogada y ex fiscal federal Deborah Duprat, quien es una de las personas que firma la demanda. La demanda también cuenta con la representación del grupo de abogados de la Red de Libertad. “Para empeorar las cosas, estas denuncias se envían a los organismos policiales sin que se describa el delito que debería investigarse. Con ello, se utiliza el aparato policial para generar miedo e inhibición de prácticas absolutamente legales y constitucionales, avaladas por este Supremo Tribunal Federal”, dijo la abogada.
Los grupos que recurrieron al STF señalan que el propio Tribunal Supremo consideró inconstitucionales las leyes estatales y municipales que prohibían el abordaje de contenidos relacionados con el género y la sexualidad en las escuelas, que se basaban en la categoría “ideología de género”. “El STF también determinó que es deber del Estado brasileño abordar la igualdad de género en la escuela como forma de prevenir la violencia doméstica y el abuso sexual de niños y adolescentes”, señalan.
Otro elemento de la demanda se refiere al actual funcionamiento del Llame 100 que, según los autores del caso, hace invisibles datos de violencia contra las personas LGBTQIA+. “Tal y como está estructurado, es imposible obtener datos sobre la violencia motivada por la homofobia y la transfobia”, dijo Marco Aurélio Máximo Prado, profesor de la UFMG y coautor de un estudio sobre los cambios en el servicio. “Esta información es esencial para que los estados y los municipios desarrollen políticas para abordar estos casos”, explica. En abril de 2021, el ministerio dirigido por Damares Alves publicó un manual en el que clasificaba las notificaciones recibidas por Disque 100. “En este documento, el ítem “Por orientación sexual/ideología de género” fue incluido entre los indicadores de motivación de las violaciones”, señalan las entidades.
“Según un estudio realizado por investigadores de la UFMG, el Manual promueve un borrado de la violencia homofóbica y transfóbica, debido al vago término “orientación sexual” y al compartir espacio con la cuestionada categoría “ideología de género”, dicen. Por estas razones, las entidades advierten que el Llame 100 “constituye una más de las medidas adoptadas por el gobierno de Bolsonaro que ataca las acciones y políticas comprometidas con la igualdad de género y la diversidad sexual en el país”.
A la luz de las denuncias, los autores de la demanda solicitan que el STF determine la eliminación de la expresión “ideología de género” del manual, la inclusión de la categoría identidad de género y los indicadores de violación de derechos contra la población LGBTQIA+. También piden la suspensión de la nota técnica que cuestiona la obligatoriedad del Certificado Nacional de Vacunación y de la vacunación infantil, así como la exigencia de que la remisión de las denuncias de Dial 100 a los organismos policiales sólo se produzca en caso de delito tipificado en la ley, con el tipo penal específico.
* Este artículo fue publicado el 03 de diciembre del 2021 en el portal web Sexuality Policy Watch, con la contribución de Sonia Corrêa y Jamil Chade. Accede a su publicación aquí.
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