El Salvador: Iglesia Católica y organizaciones antiderechos se entrometen en reforma constitucional para despenalizar el aborto
En El Salvador, la Iglesia Católica y diversas organizaciones conservadoras que se oponen a la igualdad de género y los derechos sexuales reproductivos se entrometen en el debate sobre la reforma constitucional que busca despenalizar el aborto en tres causales.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
A mediados de mayo del 2021, El Salvador tuvo la oportunidad para dejar de ser uno de los cinco países del mundo donde el aborto está totalmente prohibido con penas de hasta treinta años de cárcel. La ocasión, sin embargo, fue frenada por la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa. Recientemente, al debate se entrometieron la Iglesia Católica y diversas organizaciones antiderechos que se oponen a la igualdad de género y los derechos sexuales reproductivos.
En el marco de una reforma constitucional promovida por el gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la despenalización del aborto entró en la agenda de la Asamblea Legislativa. La reforma también planteaba cambios en materia de mandato presidencial, diversidad sexual, familia, justicia, salud eutanasia y donación de órganos.
En ese contexto, a mediados del 2016 la Asamblea Legislativa de El Salvador recibió un proyecto de ley que proponía reformar una parte del Código Penal para despenalizar el aborto cuando la vida de la mujer esté en riesgo, en caso de que el feto tenga malformaciones que hagan inviable la vida fuera del útero y en situaciones de violación sexual que terminaron en embarazos.
El proyecto de ley, elaborado por diversas organizaciones feministas de la sociedad civil, responde a la dura realidad que sufren las mujeres que buscan interrumpir sus embarazos en El Salvador. Solo entre el 2000 y el 2014, por lo menos 49 mujeres fueron condenadas a prisión por delitos relacionados con la penalización del aborto. Además, más de 250 mujeres fueron denunciadas por abortar sin importar sus motivos y situaciones.
En 2017, frente a la criminalización de las mujeres que abortaban en el país, la Organización de las Naciones Unidas resaltó que “el Código Penal de El Salvador afecta desproporcionadamente a las mujeres pobres”.
Pese a la urgencia de adoptar medidas para un país con mujeres encarceladas porque decidieron interrumpir sus embarazos, la Asamblea Legislativa de El Salvador acordó archivar el proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto. Y la decisión fue respaldada por los altos cargos de la Iglesia Católica y diversas organizaciones conservadoras y religiosas.
Principales opositores
El pasado lunes 13 de setiembre, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió una petición firmada por 75 organizaciones conservadoras. El documento pedía expresamente al Gobierno que rechace la reforma constitucional que buscaba cambiar el Código Penal para despenalizar el aborto en tres situaciones específicas.
La reforma, sostiene la petición, “abrirá puertas al aborto, la eutanasia, la agenda gay y amenazaría la libertad religiosa en el país” y son “atentatorias contra el derecho a la vida, la familia y la libertad, por cuanto imponen una agenda ideológica contraria a los valores y la identidad cultural de los salvadoreños”.
Algunas de las 75 organizaciones antiderechos firmantes fueron la Fundación Sí a la Vida El Salvador, Fundación Vida SV, la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios, Católicos con Acción, Cuarenta días por la Vida El Salvador, la Asociación de Bioética de El Salvador, la Red de Mujeres por los Derechos Humanos, la Fundación Heartbeat El Salvador, Médicos por la Vida El Salvador y el Centro de Ayuda para la Mujer.
Desde la Iglesia Católica también hubo un pronunciamiento. El domingo 12 de setiembre último, la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) emitió un comunicado frente al mismo tema. “En razón de humanidad, y además como cristianos, estamos absolutamente a favor de la vida dese su concepción hasta su muerte natural. No se puede aceptar una reforma constitucional que ponga las condiciones para la legalización del aborto”, expresa el comunicado.
El pronunciamiento fue firmado por diversos altos cargos de la Iglesia Católica de El Salvador, como el monseñor José Luis Escobar, el vicepresidente del CEDES, Elias Samuel Bolaños, y los obispos William Ernesto Iraheta Rivera (Santiago de María), Oswaldo Escobar (Chalatenango), Miguel Morán Aquino (Santa Ana), Fabio Colindres (San Miguel), José Elias Rauda Gutiérrez (San Vicente), y Constantino Barrera Morales (Sonsonate).
Desde la Asamblea Legislativa, una de las políticas que se opuso a la despenalización del aborto fue la diputada Evelyn Merlos, cuyo voto representa el de su partido, la bancada Cyan oficialista y con mayoría en el Parlamento.
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