Ximena Casas: “El marco legal de Ecuador permite la interrupción del embarazo pero también establece penas de cárcel para mujeres y niñas”
La Mala Fe conversó con Ximena Casas, investigadora de Humans Rights Watch, sobre la realidad de las mujeres y niñas de Ecuador que intentan acceder a la interrupción legal del embarazo y terminan enjuiciadas y en prisión.
2021-08-17 20:46:32
Equipo de redacción de La Mala Fe.
¿A qué se enfrenta una mujer que interrumpe un embarazo no deseado en Ecuador?
Del análisis de Human Rights Watch nos dimos cuenta que las mujeres y niñas gestantes que deseen interrumpir un embarazo no deseado se enfrentan a múltiples barreras de acceso tanto para abortos legales como una serie de persecuciones y criminalización que les afecta particularmente. Nosotros hicimos un análisis de 148 casos de judicializaciones del 2009 al 2019, y encontramos que las personas que están siendo judicializadas son principalmente mujeres en situación de pobreza, mujeres jóvenes, niñas, afrodescendientes e indígenas. Y no solo aquellas que quieren interrumpir un embarazo, sino también las que viven una emergencia obstétrica o que necesiten una atención postaborto. En Ecuador, las mujeres, aunque tengan el derecho a interrumpir legalmente sus embarazos cuando sus vidas y salud estén en riesgo, o sean casos de violencia sexual, no están pudiendo tener un acceso real a esos servicios esenciales de salud reproductiva.
¿Este análisis ha identificado grupos más vulnerables que otros?
La mayor vulneración la vivieron mujeres y personas gestantes que estaban en poblaciones en donde mayoritariamente son afrodescendientes o indígenas. Y encontramos que mayormente eran jóvenes menores de 24 años. Y un 12% de los casos eran niñas menores de 15 años. Encontramos también en muchos de los casos que quienes están siendo afectadas, son quienes están en esa vulnerabilidad y con mayor riesgo de discriminación, porque son mujeres que estaban yendo a un hospital en medio de un aborto espontáneo y que no sabían que estaban embarazadas, o mujeres que habían tomado misoprostol porque creían que era una manera de que le llegue la regla. Son mujeres que tienen muy poca información. La criminalización lo único que hace es limitar el acceso a esa información y educación sexual integral. Eso les afecta mucho más a las comunidades afrodescendientes, indígenas y jóvenes.
¿Qué consecuencias penales y sociales existen para las mujeres que sufren abortos espontáneos?
La situación se da porque hay muchas vulneraciones, no sólo en términos de derechos en salud. Estas mujeres llegan a los hospitales buscando un servicio de salud y lo que encuentran es una puerta de entrada a la cárcel. Tomemos un caso donde una mujer cae por las escaleras, tiene un sangrado, va al hospital y los médicos asumen que lo que ella narra no es cierto, y que lo que ha hecho es tomar pastillas e inducir la interrupción del embarazo de manera voluntaria. Los médicos inmediatamente llaman a la policía. De los 148 casos, el 73% se iniciaron después de que un profesional de salud denunció a la paciente ante la policía, violando el secreto profesional. Llega la policía, y mientras la mujer está siendo atendida, la interrogan. En el 99% de casos analizados la policía interrogó a estas mujeres en el hospital sin la presencia de sus abogados. Eso constituye una violación al derecho a una defensa adecuada. Las mujeres narran la situación, y los policías con el parte médico y la historia clínica, las llevan detenidas y empieza el proceso de judicialización por abortos inducidos o consentidos.
El 28 de septiembre de 2018 cientos de mujeres marcharon en Quito por el día para la legalización del aborto en América Latina y el Caribe.
– Fotografía: Dominique Riofrio
Y sobre los médicos que violan el secreto profesional al denunciar a sus pacientes, ¿alguno de ellos fue sancionado?
De los casos que nosotros investigamos, no encontramos que los médicos estuvieran teniendo sanciones por romper su secreto profesional. Y en ese sentido, una de las recomendaciones que dimos desde Human Rights Watch fue la de una implementación de sanciones administrativas para esos médicos.
Y en el caso de las niñas embarazadas, ¿también son criminalizadas por el sistema judicial?
Los casos que conocimos fueron muy tristes. Uno de ellos fue la historia de Lucía, una niña de 15 años que fue violada cuando regresaba a su casa del colegio. Y ella fue condenada a 5 años de prisión después de que tuvo un parto no asistido en su casa, sola, en su baño, y el bebé murió. Ella pasó 4 años y 3 meses en una institución de menores, y algo que me mencionó el psicólogo que trabajó con ella, fue que la menor no entendía por qué a ella la querían hacer sufrir, si no había hecho nada, no sabía que estaba embarazada. No entendía por qué había terminado recluida. Fue una experiencia que rompió su proyecto de vida y la pone en una situación de vulnerabilidad para el futuro.
Al tener un marco legal en el que por un lado se permita la interrupción del embarazo en algunas causales, y que por otro lado ese mismo marco legal establece penas de cárcel, genera esa ambigüedad y esa tensión que hace que los médicos se conviertan en fiscales y hacen que muchas de estas mujeres y menores sean judicializadas. Por eso es importante que en Ecuador ahora tomen la oportunidad que tienen frente a la Asamblea Nacional, siguiendo con la sentencia de la Corte Constitucional del pasado 28 de abril, que despenaliza los casos de violencia sexual.
De acuerdo a las cifras recogidas en el reciente informe de Human Rights Watch, ¿cuál es el final más probable que le espera a una mujer que interrumpe su embarazo?
Las consecuencias son diferentes según la capacidad socioeconómica, la situación étnica, si son de zonas rurales o urbanas. Lo que sí es claro es que la criminalización del aborto tiene un rostro de pobreza, afrodescendiente, indígena, y de mujeres jóvenes. Para aquellas que no pueden interrumpir un embarazo no deseado de una manera segura y legal. Para las que sufren una emergencia obstétrica o aborto espontáneo en su proceso de embarazo. Para ellas existen grandes probabilidades de que si no terminan teniendo un parto exitoso, desafortunadamente terminan siendo judicializadas por no dar una respuesta positiva durante ese proceso biológico.
¿Queda alguna institución pública segura para las mujeres y niñas que deseen acceder al derecho de interrumpir el embarazo?
En Ecuador el aborto es legal cuando la vida y salud de la mujer está en riesgo y en todos los casos de violencia sexual. Las mujeres podrían tener una interrupción legal del embarazo en los hospitales. Son muchas las barreras que enfrentan, que la sociedad civil se ha organizado para poder ofrecer esta información. En organizaciones como Las Comadres, Sur Cuna, o la Fundación Desafío. Tratan de dar información que le corresponde al Estado. Por eso, otra de las recomendaciones que damos desde Human Rights Watch es que el Estado difunda esa información.
Captura del informe «El devastador impacto de la criminalización del aborto en Ecuador» de Human Rights Watch.
¿Los grupos antiderechos han tenido algún papel en este contexto en donde se criminaliza hasta a niñas embarazadas?
Los grupos de oposición pueden generar algunas barreras, que son totalmente válidos dentro de la discusión, pero que no tendrían que limitar el acceso a un servicio esencial de salud, que es legal y que va acorde a los estándares internacionales de derechos humanos. Los grupos de oposición pueden hacer uso de la objeción de conciencia como una herramienta para limitar el acceso a ese servicio, pero quienes están encargados en las instituciones públicas deberían limitarse a lo que su función profesional les indica, con base a lo que establece los mecanismos internacionales de derechos humanos.
¿Qué esperanzas tienen los derechos sexuales reproductivos frente al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso?
Una vez que salió la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto, el presidente de Ecuador Fue muy claro al decir que él respetaba la independencia de los diferentes poderes, y que acataba lo que la Corte dictó. Desde Human Rights Watch esperamos que el presidente Lasso cumpla con sus afirmaciones. La decisión de la Corte Constitucional es una sentencia de carácter inmediato. Esperamos también que promueva el debate en la Asamblea Nacional y la implementación para el acceso eficaz y sin judicialización hacia las mujeres.
¿Los grupos antiderechos y conservadores han ganado terreno con el ascenso de Lasso a la presidencia?
Es importante ver cómo avanza el gobierno de Guillermo Lasso. Lo importante es que todas las decisiones de normas de salud pública sean con base a la evidencia científica, a los derechos humanos, y no con base a una ideología.
¿Qué debería cambiar en el marco legal ecuatoriano para que las mujeres vivan con derechos sexuales y reproductivos?
Un primer paso es garantizar las causales de interrupción legal del embarazo, y para ello es importante que haya información adecuada hacia toda la ciudadanía. De igual manera, tiene que haber un entrenamiento más alto tanto al servicio de la comunidad médica como a los agentes estatales, para que se garantice el acceso a esos servicios de salud y se deje de judicializar a las mujeres que intentan acceder a la interrupción del embarazo. Los legisladores y el gobierno de Lasso tienen la oportunidad de poner fin a esta política cruel y de sumarse a todos los países del mundo que introducen reformas en su legislación para facilitar el acceso al aborto en consonancia de sus obligaciones de derechos humanos.
¿Qué expectativas existen desde el movimiento de mujeres sobre el proyecto de ley de la Defensoría entregado a la Asamblea Nacional que garantiza el derecho al aborto?
El proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo responde a la sentencia de la Corte Constitucional. La Defensoría acató esa orden y realizó ese proyecto en consulta con varias organizaciones de la sociedad civil, incluyendo varias organizaciones feministas. Es un proyecto consensuado con la gente, que recoge varias voces y basándose en los estándares de derecho internacional y la evidencia científica. En ese sentido, esperemos que la Asamblea Nacional cumpla con ese requisito de seis meses para debatir el proyecto, y aproveche esta oportunidad para discutir sobre la despenalización del aborto en otras causales, en otras situaciones.
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