El país notorio por las esterilizaciones forzadas deberá elegir entre dos candidatos “antigénero” en la segunda vuelta presidencial de junio
Marcha feminista de 2016 en Lima contra Keiko Fujimori, una de los dos candidatos que competirán por la presidencia en la segunda vuelta de junio | Carlos Garcia Granthon/Pacific Press/Alamy Live News
Diana Cariboni
La retórica contra las mujeres ha impregnado la política electoral de Perú – el país que ganó infame notoriedad por su política de esterilizaciones masivas de indígenas pobres 20 años atrás.
“Dios creó al hombre para ser el rey, profeta y sacerdote de tu casa. Y ninguna mujer tiene el derecho de quitarle al hombre el lugar que Dios le dio”, dijo hace poco la acaudalada pastora evangélica Milagros Aguayo, una de las fundadoras de la plataforma conservadora ‘Con Mis Hijos No te Metas’ (CMHNTM), que apareció en Perú en 2017 y se ha propagado por América Latina.
Aguayo ganó un escaño en el Congreso en los comicios de abril, pero su elección no es la única mala noticia de las urnas para las mujeres y las niñas de Perú. Alejandro Aguinaga también fue elegido legislador.
Aguinaga fue ministro de salud a fines de los años 90, en el gobierno de Alberto Fujimori, y uno de los perpetradores de la campaña de esterilizaciones forzadas.
Tampoco son estos los únicos reveses para quienes defienden los derechos de las mujeres. Si bien están en extremos opuestos del espectro político, los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta presidencial prevista para el 6 de junio son hostiles a la equidad de género y a los derechos reproductivos.
Perú tiene uno de los peores historiales en materia de derechos de las mujeres. El aborto solamente se permite si está en riesgo la vida o salud de la madre. Las niñas y mujeres violadas no tienen derecho a interrumpir sus embarazos y son perseguidas y encarceladas si lo hacen.
Así, cada día, cuatro niñas menores de 15 años (buena parte de ellas sobrevivientes de violación) se ven obligadas a parir. Cada hora, ocho adolescentes de entre 15 y 19 años dan a luz, y dos tercios de estos embarazos no son deseados, según cifras de 2017.
Apenas 55% de las mujeres usan anticonceptivos modernos, como condones o píldoras.
Perú es desde hace décadas un centro de gravedad de grupos empeñados en campañas contra los derechos sexuales y reproductivos
La pandemia de COVID-19 solo vino a empeorar las cosas. El primer año de la crisis fue devastador para las mujeres y las niñas: el uso de anticonceptivos modernos cayó 20%, las muertes maternas aumentaron 42% y se cuadruplicó el número de niñas menores de 11 años que fueron madres.
El informe anual de 2020 de la Defensoría del Pueblo registra 5.500 denuncias de mujeres desaparecidas (la mayor parte menores de 18 años), 138 feminicidios y 208 intentos de feminicidio.
El servicio telefónico que atiende casos urgentes de violencia familiar o sexual recibió casi el doble de llamadas en 2020 respecto del año anterior.
Perú es desde hace décadas un centro de gravedad de grupos empeñados en campañas contra los derechos sexuales y reproductivos. Es la tierra natal de la plataforma ‘antigénero’ CMHNTM, cuyo blanco inicial fue prohibir la educación sexual integral.
Pedro Castillo encabeza por estrecho margen la intención de voto. Maestro y líder sindical izquierdista del partido Perú Libre, concita apoyos en las zonas rurales y más pobres del país.
Propone multiplicar el presupuesto de educación y salud, pero también se declara “totalmente” en contra de la equidad de género y del respeto a la diversidad y a la no discriminación sexual.
Castillo afirma que la legalización del aborto podrìa debatirse en una asamblea constituyente que planea instalar (encuestas de 2020 muestran un apoyo de 48% y un rechazo de 40% a la despenalización). Pero advierte: “Personalmente, no estoy de acuerdo”. Y acerca del matrimonio igualitario manifiesta: “peor todavía, primero la familia”.
No está claro qué políticas impulsarían Castillo y su gobierno si llega a presidente. El ideario de Perú Libre contempla despenalizar el aborto, pero se expresa en contra “de que el aborto se utilice como una especie de método anticonceptivo”. También promete un “proceso de despatriarcalización… desterrando el machismo”, pero “sin que esto signifique instalar su extremo contrario, el feminismo”.
En cambio, sobre su oponente quedan pocas dudas. La líder del partido derechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es una figura pública conocida e hija del expresidente Alberto Fujimori (condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad). Keiko disputó y perdió por poco dos balotajes presidenciales en 2011 y 2016.
A mediados de marzo fue imputada formalmente de los delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y perjurio. (Si gana las elecciones, tendrìa inmunidad hasta que termine su mandato en 2026).
En 2018, Fuerza Popular presentó un proyecto de ley (todavìa pendiente) para eliminar del ordenamiento jurídico y de las políticas públicas toda referencia al “género” y a la “equidad de género”. Sus legisladores llegaron a decir que el Ministerio de Educación era “Sodoma y Gomorra”, por incorporar lecciones sobre equidad de género y respeto por la diversidad sexual en el currículo educativo.
En marzo, la candidata dijo que su gobierno tendría que “reevaluar lo de la ‘ideología de género’”, si bien su programa de gobierno no contiene referencias a la salud reproductiva ni a la educación sexual.
Pero nada más elocuente sobre la orientación del partido de Fujimori que el hecho de que Aguinaga obtuviera el mes pasado una banca por Fuerza Popular. Como ministro de salud a fines de la década de 1990, bajo las órdenes del padre de Keiko Fujimori, Aguinaga “supervisó las esterilizaciones forzadas”, según los cargos formulados por la fiscalía en marzo de este año.
Más de 270.000 mujeres (y unos 22.000 hombres) fueron esterilizadas contra su voluntad a partir de 1996, como parte de una política gubernamental para reducir la tasa de natalidad de las familias pobres. La gran mayoría de las mujeres vivían en comunidades rurales e indígenas empobrecidas y no fueron informadas o no dieron su consentimiento para las cirugías.
El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura y el sistema interamericano de derechos humanos urgieron reiteradas veces a Perú a investigar a fondo estos crímenes contra la humanidad y a reparar a las víctimas. En marzo, luego de décadas de espera, los casos de 1.306 mujeres fueron finalmente escuchados en una audiencia judicial.
Aún no está claro si el juicio seguirá adelante – ni si Alberto Fujimori, Aguinaga y otros acusados serán condenados. Pero Keiko Fujimori ya avisó que indultará a su padre.
En definitiva, se trata de un detalle. El cuadro completo muestra que no hay cómo votar por los derechos de las mujeres en las elecciones presidenciales de Perú, el quinto país más poblado de América Latina.
Este artículo fue publicado el 18 de mayo de 2021 en el portal web https://www.opendemocracy.net/. Accede a su publicación original en inglés aquí.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
Bruno Doig: “Los niños LGBT necesitan una escuela que les brinde seguridad... 
