Su periplo comenzó en el Hospital Estatal Roberto Silvares en São Mateus (Espírito Santo), en donde tomaron conocimiento del embarazo de la menor. Los profesionales de la salud que la atendieron no obedecieron el protocolo habitual y, en lugar de derivarla a un servicio de aborto legal para que sea evaluada como corresponde, exigieron una autorización judicial y la enviaron a un refugio para menores vulnerables.
Como se encontraba bajo la tutela del Estado, el Ministerio Público presentó una solicitud ante el tribunal para que la niña pueda interrumpir su embarazo. Este trámite no era necesario, puesto que el deseo de la menor estaba amparado en el Código Penal brasileño. De acuerdo con la legislación de este país, el aborto está permitido por ley y se realiza en hospitales públicos bajo tres situaciones: embarazo por violación, riesgo de muerte y anencefalia fetal.
La noticia llegó a los medios de comunicación al día siguiente y, enterada del caso, la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, envió a dos asesores a Espírito Santo: uno de la Secretaría de los Derechos del Niño y otro de la Defensoría del Pueblo. Según el portal Piauí, los dos servidores acudieron a la comisaría, a la Secretaria de Asistencia Social y al Consejo de Tutela de São Mateus, y también tuvieron contacto con la familia de la menor. Se presume que en esas visitas pudieron haber tenido acceso a todos los datos de la niña, incluida su historia clínica.
Como responsable legal de la niña, la abuela recibió invitados inesperados en su hogar: católicos, evangélicos y políticos bolsonaristas se acercaron en más de una ocasión a presionarla para que convenciera a su nieta de mantener el embarazo, con la promesa de una “buena atención médica y judicial”, y del apoyo de la ministra Alves. En una de esas visitas la presión social fue tan fuerte que la señora se desmayó.
Finalmente, la autorización para el aborto legal fue otorgada el viernes 14 por el juez Antonio Moreira, del Tribunal de la Infancia y la Juventud de São Mateus, quien entendió la urgencia del caso y respetó la voluntad de la niña. Con la decisión judicial en sus manos, la niña y su abuela fueron trasladadas a Vitória, donde su situación volvió a complicarse.
