Colombia podría despenalizar el aborto sin condiciones hasta la semana 16 si la Corte Constitucional del país aprueba la propuesta del magistrado Alejandro Linares que pide expandir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo más allá de las tres causales vigentes desde el 2006.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
A partir del 2006, con la sentencia C-355 de la Corte Constitucional de Colombia se despenalizó el aborto en tres causales:
La norma señala que para esta intervención la mujer solo necesitará el certificado que el médico le entregue o con la denuncia policial en los casos de violencia sexual, para que la gestante pueda solicitar la interrupción voluntaria del embarazo ante el sistema de salud.
Sin embargo, la penalización del aborto en el Código Penal Colombiano continúa siendo una traba para garantizar a las mujeres y las niñas de todo el país, servicios accesibles. Especialmente existe desigualdad en acceso a servicios e información en las regiones y zonas rurales del país, además de las barreras sociales y desconocimiento de este derecho por parte de las mujeres.
«Si el Congreso no legislaba sobre el tema, la Corte podía establecer otras exclusiones frente a las sanciones penales durante las primeras 16 semanas de gestación».
Alejandro Linares Cantillo, magistrado para la Corte Constitucional Colombiana.
El magistrado Alejandro Linares entregó a sus ocho colegas de la Corte Constitucional de Colombia la ponencia que propone que las mujeres puedan interrumpir su embarazo sin condiciones hasta la semana 16 de gestación.
La ponencia del magistrado Linares es una respuesta a dos demandas de la abogada conservadora Natalia Bernal Cano, quien busca declarar la inconstitucionalidad del fallo judicial que en 2006 despenalizó el aborto en las tres causas ya mencionadas. Para Bernal el aborto “pone en riesgo la vida (…) tanto de la madre gestante como de su hijo por nacer”.
Asimismo, Bernal presentó una nueva recusación contra Alejandro Linares y Antonio José de Lizarazo, pues afirma que ya se han pronunciado sobre el debate de aborto en el país. A pesar de esto, el documento de Linares fue entregado después de que se resolvieron las recusaciones contra los ambos magistrados.
Semanas antes del debate por el aborto, un caso polarizó a la opinión pública. La organización privada sin fines de lucro Profamilia, dedicada a promover el respeto y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, fue, y continúa siendo víctima de ataques en redes sociales y protestas en sus locales, por hacer respetar la decisión de una mujer a acceder a una interrupción voluntaria de embarazo (IVE), practicada a los siete meses de gestación en la ciudad de Popayán, amparada por una de las tres causales que la Corte Constitucional despenalizó en 2006.
El caso cobró notoriedad a mitad de enero, debido a que Juan Pablo Medina, expareja de la mujer de 23 años, realizó un plantón en frente de la clínica La Estancia en Popayán, donde se llevaría el IVE. A pesar de la presión y hostigamiento de Medina, Profamilia realizó el procedimiento a la gestante desatando una ola de críticas y acusaciones por parte de los sectores más conservadores de la sociedad y las organizaciones antiderechos.
En ese sentido, Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, aseguró que la organización privada actuó ajustada a la normatividad: “Se recuerda que la Corte Constitucional determinó que no hay límites en la edad gestacional para la realización del procedimiento (Sentencia SU-096 de 2018), por lo que las IPS (institución prestadora de salud) tienen la obligación de atender en todas las etapas del embarazo”.
Un grupo de congresistas, la mayoría del Centro Democrático, enviaron una carta a la Corte Constitucional para señalar su inconformidad con que el tema por la despenalización del aborto sea resulta fuera del legislativo.
“No compartimos entonces la actitud asumida por la Corte Constitucional de arrogarse competencias del legislativo, como lo ha venido haciendo en las 16 sentencias sobre aborto que ha expedido desde el año 2006”, se lee en la comunicación.
Por su parte, el Ejecutivo sumó su voz para aumentar la polémica generada por este debate. El presidente Iván Duque, del partido Centro Democrático, se pronunció ante la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia resuelva de forma favorable el pedido del magistrado Alejandro Linares.
Duque afirmó que modificar la jurisprudencia vigente sobre el aborto es “un cambio muy fuerte para la sociedad”, además, aseguró creer en la vida “desde la concepción”.
“He expresado que las tres causales que han sido enunciadas desde hace tiempo en Colombia, que son peligro en la vida de la madre, malformación genética no compatible con la vida o violación, son las tres causales que el país ha venido analizando a la luz de la jurisprudencia”, sostuvo el presidente colombiano.
La ponencia del magistrado Linares entregada el martes 18 de febrero a sus compañeros del Alto Tribunal se discutirá la próxima semana.
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