El nuevo observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de Estados Americanos (OEA), monseñor Mark Gerard Miles, presentó sus cartas credenciales ante el secretario general Luis Almagro. En este artículo, reflexionamos sobre las implicancias de este hecho para los derechos humanos y, en particular, para los derechos sexuales y reproductivos.
Mirta Moragas Mereles, Abogada paraguaya, máster en estudios legales internacionales, con especialización en derechos humanos y género por la American University Washington College of Law. Activista feminista. Consultora de investigación de Ipas.
La presencia de la Santa Sede en organismos universales y regionales que tratan sobre derechos humanos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la OEA, son cuestionables desde varios puntos de vista. En primer lugar, la ciudad del Vaticano no reúne todos los requisitos que debe reunir un Estado-Nación para ser considerado como tal de acuerdo con el derecho internacional. El artículo 1 de la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados establece que los requisitos que debe reunir un Estado como persona de Derecho Internacional son: a) Población permanente; b) Territorio determinado; c) Gobierno; d) Capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados.
La Santa Sede, cuya capital es la ciudad del Vaticano, no cuenta con una “población permanente”, todas las personas que viven allí detentan funciones diplomáticas vinculadas a la Iglesia Católica. Su territorio lo constituye la ciudad del Vaticano que sólo posee edificios históricos o administrativos de la Iglesia Católica y no es el asiento permanente de su población. Su gobierno lo constituye el clero de la Iglesia Católica y, por tanto, no puede ser reconocida como un Estado que posea un gobierno. El único requisito que la Santa Sede cumpliría es el de la capacidad de entrar en relaciones con otros Estados. el Papa Paulo VI consiguió establecer la primera misión como “Observador Permanente” de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, y la Santa Sede se convirtió en un Estado Observador Permanente No-Miembro.
Monseñor Mark Gerard Miles es un clérigo británico de la Iglesia católica y actual Observador Permanente de la Santa Sede ante la ONU.
La presencia de la Santa Sede como Observador Permanente en la ONU viene siendo criticada por diversas voces, incluidas voces católicas. A la crítica sobre la falta de requisitos para ser considerado como Estado, se suman otras relativas al rol que cumple la Santa Sede en la ONU. Este año, Catholics for Human Rights, que vienen desafiando el estatus de la Santa Sede en la ONU, presentó un informe donde, entre otras cosas, señalan que la política y los objetivos de la Santa Sede en la ONU son básicamente anti-derechos de las mujeres y anti-igualdad. Como ejemplo, citan el rol obstruccionista que ha cumplido la Santa Sede en conferencias como la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo realizada en el Cairo en 1994 y que fue pionera en el reconocimiento de derechos reproductivos.
Asimismo, se citan los esfuerzos de la Santa Sede para obstaculizar la agenda de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995. Como antecedentes más inmediatos, el mencionado informe cita el tradicional rol obstruccionista en espacios como la Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), donde constantemente buscan tejer alianzas para proponer lenguaje regresivo en temas de derechos de las mujeres.
Por otra parte, el informe habla del comportamiento convenientemente elusivo de la Santa Sede, comportándose como Estado para obstruir el avance de derechos, pero escudándose en su misión espiritual y religiosa para evadir sus obligaciones, como el cumplimiento de los pocos instrumentos internacionales de derechos humanos que han ratificado, como la Convención de Derechos de niños y niñas. Como ejemplo, se cita su falta de compromiso con la investigación de los casos de abuso sexual de niños y niñas, cuyos perpetradores han sido sacerdotes de la Iglesia Católica.
Varios de estos argumentos podrían extrapolarse al caso de la OEA. La Santa Sede tiene el estatus de observador permanente en la OEA desde el año 1978, espacio reservado únicamente a Estados que se encuentran fuera de las Américas. En este sentido, los argumentos respecto a la falta de cumplimiento de los requisitos de Estado conforme al derecho internacional que se presentan en la ONU, valen también para la OEA. Asimismo, los argumentos respecto a las políticas obstruccionistas de derecho también podrían considerarse. Por ejemplo, en la Asamblea General de la OEA del año 2015 durante el diálogo del Secretario General y el Secretario General Adjunto con los Estados Observadores Permanentes, el Monseñor Joseph Grech, representante de la Santa Sede, manifestó que la OEA no debería “presionar” a los países que protegen “la vida desde la concepción”. Adicionalmente, la Santa Sede tiene como integrante de su misión permanente a Gualberto García Jones, que a su vez integra la International Human Rights Group, una organización anti-derechos con sede en Washington, muy activa en la OEA, que se dedica principalmente al trabajo anti-aborto y anti-derechos LGTBI (lesbianas, gays, personas trans, bisexuales e intersexuales).
El estatus de Observador Permanente le da a la Santa Sede acceso a espacios reservados a Estados, lo que coloca a la Iglesia Católica en una posición privilegiada para promover sus dogmas religiosos en los espacios donde se discuten políticas de derechos humanos. En países de Latinoamérica y el Caribe, de gran tradición católica, la Iglesia Católica no es solamente un actor religioso, sino fundamentalmente, un actor político. De acuerdo con el informe Latinobarómetro 2018, la Iglesia es la institución más confiable en Latinoamérica, con un 63% de la población confiando en la Iglesia como institución. Por otra parte, los privilegios de acceso que tiene la Iglesia Católica en estos espacios de Estados democráticos de alguna manera silencian o marginalizan a voces disidentes o progresistas dentro de las religiones e impide un diálogo más amplio sobre la vinculación entre la libertad de creencia, conciencia y religión con otros derechos humanos.
El hecho de que el Vaticano haya decidido contar con una sede permanente ante la OEA, revela su intención de profundizar su influencia obstructora de derechos. Esta decisión es de particular relevancia luego de que la Asamblea General (AG) de la OEA aprobara por primera vez este año en Medellín, Colombia, que encomendó “un diálogo regional sobre el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o creencia”. Podría esperarse que la posición privilegiada de la Iglesia Católica dentro de la OEA, reforzada por esta decisión del Papa Francisco, impacte negativamente en la discusión sobre libertad religiosa y derechos humanos en el espacio interamericano.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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