Grupos evangélicos repartiendo la cartilla moral y gestionando concesiones de radio y TV son apenas la punta del iceberg de una operación política para imponer una agenda ultraconservadora en México.
Periodista especializado en investigar redes de corrupción. Junto a periodistas de 11 países de América Latina y África integra Investiga Lava Jato, red que busca esclarecer el gigantesco caso de corrupción surgido en Brasil y que fue reconocida en junio de 2018 en Washington con el Prize for Investigative Reporting. Por su reporteo del caso Odebrecht en México obtuvo el primer lugar del Premio Alemán de Periodismo 2017. Ha publicado los libros El Saqueo (2014) El Imperio Financiero de los Legionarios (2015) y Fox, negocios a la sombra del poder (2017). Fue becario de la Fundación Reuters, de la FNPI, de la SIP, del Instituto Prensa y Sociedad y del International Center for Journalists.
Cada semana, el pastor cristiano Ralph Drollinger dirige el grupo de estudios bíblicos de la Casa Blanca, al que con frecuencia acuden miembros del gabinete de Donald Trump, como el secretario de Estado Mike Pompeo, el vicepresidente Mike Pence y la Secretaria de Educación Betsy DeVos. Su objetivo, dice, es influir a los líderes políticos para que gobiernen según lo que dicta la Biblia. Esta estrategia de evangelización desde la política la pretende replicar en México, para lo cual ya estableció alianzas con predicadores y con legisladores mexicanos.
“La palabra de Dios nos brinda principios para aquello que guía o dirige a una nación”, dijo convencido Drollinger en una reunión con líderes evangélicos y políticos mexicanos realizada en el Club de Banqueros, en el centro de la Ciudad de México.
El encuentro privado, de invitación restringida, ocurrió la mañana del viernes 12 de octubre de 2018, a unos días de que Andrés Manuel López Obrador tomara protesta como presidente de México.
En esa reunión, el pastor que ha ganado prominencia gracias a Trump estableció formalmente en México una base de su organización Capitol Ministries, que tiene como función reclutar a políticos de distintos partidos para que sus decisiones en el Congreso y en el Gobierno se tomen bajo lo que establece la Biblia.
“Las buenas leyes provienen o surgen de corazones buenos, y las malas leyes provienen de corazones malos”, dijo rotundo Drollinger en la reunión en la que nombró al pastor Ricardo Arizmendi como su representante y enlace con políticos mexicanos.
Arizmendi cumplió de inmediato su encomienda, y desde aquel día ha agendado una serie de reuniones con miembros de distintos partidos para avanzar en sus planes de evangelizar desde el poder político.
Las reuniones más recientes ocurrieron el 25 de abril en Guerrero y en mayo en la ciudad de México, según confirmaron asistentes.
A esos encuentros han acudido políticos del PRI, de Morena y del Partido Encuentro Social (PES), éste último de identidad evangélica.
Ralph Drollinger no actúa solo. El establecimiento de su organización Capitol Ministries en México forma parte de una cruzada más amplia y ambiciosa de grupos evangélicos por influir en el nuevo Gobierno de López Obrador y en el Congreso, de acuerdo con una extensa investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en el proyecto “Trasnacionales de la Fe” junto con otros 15 medios de América Latina, liderado por Columbia Journalism Investigations de la Universidad de Columbia.
A la par de que Drollinger y Arizmendi se reunían con legisladores, otros líderes evangélicos, encabezados por el pastor Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas, realizaban gestiones en Palacio Nacional con el presidente de México y con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para obtener beneficios fiscales, participar como predicadores en programas sociales y obtener concesiones de radio y televisión. Los evangélicos lograron colocar en el gobierno de López Obrador, como director adjunto de asuntos religiosos, a Jorge Lee Galindo, quien a lo largo de 20 años ha auxiliado a crear más de mil organizaciones cristianas o protestantes en México.
Esta cruzada evangélica la había emprendido, en forma silenciosa, desde años antes la Alianza para la Defensa de la Libertad (ADF, por sus siglas en inglés), auspiciada por grupos evangélicos de Estados Unidos, la cual ha capacitado a abogados y ha cabildeado con legisladores mexicanos de al menos cinco partidos para influir en políticas públicas contra el aborto y contra los derechos de los homosexuales.
Una organización filial de la ADF, denominada Political Network for Values, reunió a diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM y Morena en cumbres efectuadas en Nueva York, Washington, Bruselas y en Bogotá, para aleccionarlos en su ideología.
ADF siguió una estrategia peculiar: sumó tanto a grupos evangélicos protestantes como católicos para asumir una agenda común. Así, sus diferencias religiosas han quedado de lado al unirse en movimientos de los llamados pro-vida, y en manifestaciones a favor de lo que ellos denominan familia “tradicional”.
En el centro de este movimiento conservador está la organización civil Incluyendo México AC, que en 10 años ha recaudado 1,254 millones de pesos en donativos (unos 62 millones de dólares), una parte de los cuales los ha canalizado a distintas organizaciones que realizan actividades antiaborto, anti homosexuales y de evangelización. Entre los grupos que auspicia está una clínica que realiza terapias psicológicas de conversión de homosexuales, pese a que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.
En Incluyendo México AC participa Patricio Slim, hijo del empresario Carlos Slim, aunque su líder visible es Vicente Segú Marcos, quien ha reconocido vínculos de colaboración con 127 denominaciones evangélicas, pero también con grupos conservadores católicos, como los Legionarios de Cristo y las organizaciones españolas HazteOir y CitizenGo.
Uno de los grupos que auspicia Incluyendo México es la Red de Acción Ética Política, que dirige Rodrigo Iván Cortés, un ex diputado federal del PAN que es cabildero de tiempo completo ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para influir en esa instancia en políticas o fallos judiciales relacionados con los derechos y libertades de las mujeres o de las minorías sexuales.
El presidente López Obrador, quien cotidianamente hace referencias bíblicas en sus discursos, siempre ha eludido el tema de legalizar en el país el aborto y los matrimonios entre parejas del mismo sexo. “Que se haga una consulta popular”, dijo en abril de 2006, en su primera campaña presidencial. “No voy a fijar una postura ni a favor ni en contra”, dijo seis años después, cuando buscó por segunda vez la Presidencia. En marzo de 2018, en su tercera campaña, ratificó que sobre el tema haría “consulta a los ciudadanos”.
Ya como presidente, mantuvo la misma posición: “Vamos a la consulta”, dijo el 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. “Los derechos no se consultan”, le gritaron mujeres reunidas aquel día en Palacio Nacional. A los cuatro días, se le preguntó en la conferencia mañanera sobre cuál era su postura sobre el aborto. “Soy dueño de mi silencio”, respondió. “Me reservo mi opinión, no quiero tomar partido”.
Arturo Farela, el pastor que acude a Palacio Nacional a orar con AMLO, mantiene una postura de rechazo absoluto al aborto y a los derechos de las minorías sexuales. En 2010, incluso, promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra las reformas que legalizan en la Ciudad de México las uniones entre personas del mismo sexo. “Dios fijó su posición ante el mundo cuando hizo el juicio en Sodoma y Gomorra”, anotó en sus argumentos.
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Este reportaje hace parte del proyecto Trasnacionales de la Fe, una colaboración de 16 medios latinoamericanos, bajo el liderazgo de Columbia Journalism Investigations de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) y los siguientes socios latinoamericanos son: Agencia Pública (Brasil); El País (Uruguay); CIPER (Chile); El Surtidor (Paraguay); La República (Perú); Armando.info (Venezuela); El Tiempo (Colombia); La Voz de Guanacaste y Semanario Universidad (Costa Rica); El Faro (El Salvador); Nómada y Plaza Pública (Guatemala); Contracorriente (Honduras); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México); el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP); y Univisión (Estados Unidos).
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El representante del pastor de la Casa Blanca en Paraguay 
