El Senado chileno aprobó documento que permitiría el cambio de nombre y sexo registral para mayores y menores de edad que tengan más de 14 años. Mientras se define su ratificación en la Cámara de Diputados, grupos y activistas LGBT buscan que la norma alcance también a niños y niñas.
El último martes, el Senado de Chile aprobó el proyecto de Ley de Identidad de Género, que busca que las personas trans puedan modificar el nombre y el sexo registrado en sus documentos legales de acuerdo al género con el cual se perciben a sí mismas.
El documento aprobado fue el resultado de cuatro meses de discusiones al interior de la Comisión Mixta creada para este propósito (integrada por representantes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de Chile).
Quienes deseen realizar el cambio, deberán cumplir con las siguientes condiciones ante el Registro Civil:
Uno de los artículos de la norma prohíbe la discriminación arbitraria por identidad de género, así como la negación de prestaciones de servicios de salud por el mismo motivo.
El derecho a la rectificación de nombre y sexo no estará condicionado a la realización de algún tipo de intervención o tratamiento modificatorio de la apariencia.
Uno de los principios establecidos en la norma dice claramente que las personas trans tienen derecho a no ser tratadas como personas enfermas. El trato digno debe prevalecer ante todo.
Todos los procedimientos de cambio de nombre y sexo registral serán reservados y la información respecto de ellos será confidencial.
La votación se dio a cabo en un ambiente de alta tensión en el cual, el presidente de la Cámara Alta, Carlos Montes, tuvo que pedir silencio reiteradas veces para hacerse escuchar ante las protestas de la oposición. Durante el debate, el senador Iván Moreira cuestionó el contenido del texto al afirmar que «este proyecto busca dividir a la familia. El Estado por sobre la familia. No podemos permitir que jueguen con la vida de nuestros niños». Al final del día, hubo 26 votos parlamentarios a favor de la aprobación de la iniciativa y sólo 14 votos en contra, tras 5 años de intenso debate.
Luego de la votación, el senador Ricardo Lagos Weber declaró que “lo que hace esta legislación es no discriminar a nadie, no imponerle nada a nadie y, al contrario, hacernos cargo de una realidad que son las familias trans, los hombres, mujeres, jóvenes en Chile que requieren […] una protección”. Recalcó que esta ley no obliga a nadie a hacer ningún cambio ante el Registro Civil contra su voluntad.
Ahora corresponde a la Cámara de Diputados ratificar la norma. Si da luz verde al documento, el proyecto pasaría al presidente Piñera que tendrá 30 días para aprobar o rechazar la iniciativa. Se calcula que la Ley tardaría un año en entrar en vigencia.
Aunque Chile ya cuenta con un acuerdo de unión civil, el pasado 28 de agosto el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) entregó al presidente Sebastián Piñera una misiva para pedir la aprobación del proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario. La carta estuvo acompañada de la firma de 11 senadores y 33 diputados que exigen el cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado chileno firmó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En Chile existe amplio apoyo para la Ley de Matrimonio Igualitario (65% de aprobación, según la encuesta de Cadem de mayo 2018). Muchas familias están actualmente desprotegidas ante la ley, lo cual expone a niños y jóvenes a la discriminación y violencia. Chile vivió un incremento del 45,7% en casos y denuncias por homofobia y transfobia en el 2017. En los últimos 16 años (2002-2017), se han registrado 2439 casos de discriminación, que varían en gravedad desde la obstrucción de acceso de servicios básicos hasta asesinatos y agresiones físicas.
(Imagen: Radio Universidad de Chile)
La aprobación de esta ley significa un gran avance para el reconocimiento de los derechos individuales de la comunidad LGBTIQ+ en Chile. Sin embargo, la alegría de los grupos LGBT no es completa: la ley no alcanza a los menores de 14 años, población transgénero que percibe que su sexo de nacimiento no corresponde con su identidad de género desde muy temprana edad.
Al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, valoró que el Senado haya rechazado que los menores de 14 años puedan hacer la modificación de su sexo registral porque, bajo su punto de vista, «esos niños y niñas no tienen la capacidad de decidir por sí mismos y esos posibles cambios habrían sido hechos por otros».
En el caso de los menores entre 14 y 18 años, la Comisión Mixta aprobó que antes de realizar el cambio, el o la adolescente acceda a un programa de acompañamiento que asegure que contará con un entorno seguro para su desarrollo integral y psicosexual. Dentro de este proceso, las instituciones públicas o privadas que realicen este programa intervendrían en espacio familiar y educativo del menor.
La aprobación de esta ley viene como parte de un compromiso del estado chileno con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyas acciones han sido impulsadas por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en el país, que contempla la Ley de Acuerdo de Unión Civil y también el proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario (ver cuadro).
En julio de este año, la CIDH se pronunció sobre los avances y las buenas practicas registradas en la protección a los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en 5 países de la región, incluyendo a Chile. En un comunicado, urge a los Estados a «promover leyes y políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, avanzando en la construcción de sociedades más igualitarias y libres de todo tipo de violencia, discriminación y prejuicio.”
Por otro lado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas llamó la atención del gobierno de Chile y recomendó que se avance en las políticas públicas y leyes que reviertan la actual situación de abuso y discriminación que vive la comunidad LGBTIQ+ en el país. Además de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, CEDAW recomienda a Chile adoptar el proyecto de identidad de género, la adopción homoparental y la derogación de leyes homofóbicas, entre otras medidas.
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