Las estimaciones más modestas estiman que la noche del miércoles 13 de junio, un millón de mujeres tiñeron de verde las calles del centro de Buenos Aires. Una al lado de la otra, llevaban consigo un pañuelo verde que llevaba estampada la consigna: “¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir!”.
La expectativa era alta, el pronóstico, incierto, y el frío, intenso. Durante más de 23 horas, la Cámara de Diputados de Argentina estuvo reunida debatiendo el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación. Ya se había previsto que la votación tardaría, por lo que solo había que esperar unas horas. Qué son unas horas luego de más de una década de lucha, rechazos, ataques y silencio.
Pero esta vez, el ambiente era otro. Ningún argentino permaneció callado ante el debate. Todos tenían un punto de vista sobre el aborto. La discusión había dejado de ser un tema exclusivo de activistas y políticos para formar parte de la charla universitaria, del debate a la hora del almuerzo, de la entrevista a la famosa que contaba ante cámaras que ella también abortó.
Finalmente, en la mañana del jueves 14, la Cámara aprobó la iniciativa por 129 votos a favor, 123 votos en contra y 1 abstención.
Esta nueva propuesta consensuada plantea que toda mujer debe tener el derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo hasta la semana 14 de gestación (dos semanas adicionales al promedio mundial) y que el proceso debería ser una prestación médica obligatoria, gratuita y segura, tanto en establecimientos públicos como privados.
Además, establece que si la gestante es menor de 16 años, la interrupción voluntaria del embarazo se debe realizar con su consentimiento y con respeto al interés superior de la niña o adolescente.
“El movimiento de mujeres está muy fuerte y esta vez se ha logrado un acompañamiento de la sociedad argentina muy importante”, opina Victoria Tesoriero, responsable de incidencia política a nivel nacional de la organización Católicas por el Derecho a Decidir de Argentina (CCD). Su capacidad de articulación les ha permitido trabajar de manera conjunta con sindicatos, universidades, agrupaciones profesionales y estudiantiles, entre otras organizaciones de la sociedad civil, para expandir la demanda del derecho al aborto más allá de los círculos feministas.
“El derecho al aborto es un derecho individual pero que a la vez se transforma en colectivo porque la despenalización y la legalización como forma de control del cuerpo de las mujeres y de sus decisiones nos afecta a todas, hayamos o no practicado un aborto”, puntualiza Celeste Mac Dougall, docente y activista feminista de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
(Foto: El Intra)
Es la séptima vez que se presenta un proyecto de ley de esta naturaleza en la Cámara Baja, aunque ninguno había sido votado en el pleno.
El Código Penal Argentino vigente, promulgado en 1921, sanciona la práctica del aborto con penas de prisión para la gestante y de prisión e inhabilitación profesional temporal para el profesional de la salud que efectúe el procedimiento o ayude a causarlo. Las únicas dos excepciones son el riesgo a la vida o salud de la madre y si el embarazo es el resultado de una violación “sobre una mujer idiota o demente”.
“No solo buscamos la despenalización, que no se judicialice ni se meta presa a ninguna mujer que aborte, sino también la legalización, que implica que el Estado se haga cargo del acceso público de la interrupción voluntaria del embarazo”, aclara Mac Dougall.
La iniciativa plantea modificaciones al código para que el aborto realizado con el consentimiento de la gestante no sea catalogado como delito punible bajo ningún aspecto.
Aunque no existe una estadística oficial, el Ministerio de Salud de Argentina estima que entre 370 mil y 520 mil mujeres abortan al año, la mayoría de ellas de manera clandestina y en condiciones poco higiénicas. El aborto inseguro es la principal causa de muerte en mujeres gestantes (17%) y 50 mil mujeres son internadas al año como consecuencia de una complicación posaborto. El 42% son menores de 24 años.
“Las mujeres se mueren desangradas en sus casas y no llegan al hospital, o terminan mutiladas por haberse realizado abortos en condiciones inseguras. Seguir un embarazo forzado es una tortura. Tenemos que visibilizar la complejidad social del aborto y empezar a verlo como un problema de acceso a la salud”, afirma Estefanía Pozzo, redactora de El Cronista y periodista de Economía Femini(s)ta.
Solo 15 de las 23 provincias de Argentina cuentan con protocolos que garanticen condiciones sanitarias básicas para los abortos legales e incluso estos son difíciles de acceder. “Si el aborto fuera legal, se garantizaría la salud de las mujeres y se generaría un gasto menor al Estado”, afirmó Mac Dougall.
En ocho países del mundo el aborto está completamente prohibido: El Salvador, Haití, Honduras, Malta, Nicaragua, República Dominicana, Surinam y El Vaticano.
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, el siguiente peldaño para conseguir la legalización del aborto es conseguir la aprobación del Senado. El apretado margen de los resultados obtenido en la Cámara Baja (solo cuatro votos de diferencia) ha equilibrado la balanza en la Cámara Alta, que mantenía una postura más conservadora.
De acuerdo al más reciente conteo elaborado por Economía Femini(s)ta, 26 senadores estarían a favor del aborto legal, seguro y gratuito, 25 estarían en contra y uno se abstendría de votar. De los 72 miembros, 20 aún no han confirmado su postura sobre el tema.
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El aborto por violación sexual en México