Uno de los primeros logros de AFI ocurrió en 2017 con una campaña que impulsaron contra un proyecto de ley que buscaba garantizar la atención integral, compensación y acceso al aborto para niñas que sufrieron violencia sexual. Trataron de impedir que el proyecto siquiera se discuta en el Congreso y finalmente lograron que se archive luego de marchas, reuniones con autoridades y entrevistas en televisión. La organización conservadora argumentó que la ley traumatizaría a las niñas.
El informe de openDemocracy y Guatemala Leaks apunta que el éxito del archivamiento fue en parte gracias a Aníbal Rojas, diputado que luego pasó a integrar un grupo de «parlamentarios por la vida» convocado por AFI.
La socióloga Ana Lucía Ramazzini, estudiosa del movimiento antiderechos en Guatemala, señala que la Asociación La Familia Importa lleva una década formando una red de más de 40 organizaciones aliadas. “No es una embestida, no es una reacción, sino que ya hay una búsqueda de institucionalización de su agenda”, precisa. Las acciones de AFI son diversas; tienen un equipo legal que dialoga con políticos, participa en debates y moviliza a grupos conservadores y religiosos para generar oposición a cualquier iniciativa que esté relacionada con aborto, educación sexual o eutanasia.
En las dos últimas elecciones presidenciales, AFI instó a los candidatos a comprometerse a no reconocer el derecho al aborto ni al matrimonio igualitario. En esa misma línea, buscaron que el país siga adherido al Consenso de Ginebra, un documento promovido por Donald Trump como declaración antiaborto. Su lobby tuvo éxito en el gobierno de Alejandro Giammattei, quien se adhirió al documento de AFI y tuvo a la abogada Sandy Recinos, una de las fundadoras de esta organización, como directora de la Secretaría contra la Violencia Sexual, la Explotación y la Trata de Personas.
En 2020, AFI también ejerció presión para que el gobierno no autorice a Planned Parenthood, organización que promueve derechos sexuales y reproductivos, a abrir una sede en Guatemala. Pese a que el Ministerio del Interior había dado el visto bueno, el presidente Giammattei anuló la decisión.
