A través de un escrito legal presentado ante la Corte Constitucional del Ecuador, la organización internacional Human Rights Watch señaló que el gobierno tiene el deber de eliminar barreras que impiden el acceso a los servicios de salud en casos de aborto. Se trata de una acción de apoyo a la demanda que presentó la coalición Justa Libertad buscando la despenalización total.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
«De acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, Ecuador tiene la obligación de garantizar a las mujeres, niñas y personas gestantes el acceso al aborto seguro y legal. La criminalización del aborto en el país, junto con las barreras que limitan el acceso al servicio, vulneran los derechos humanos de las mujeres y las niñas reconocidos internacionalmente», señala Human Rights Watch en el amicus curiae presentado el 30 de agosto ante la Corte Constitucional de Ecuador.
Este escrito es un aporte a la demanda que presentó en marzo Justa Libertad —una coalición de ocho organizaciones de derechos humanos— buscando la despenalización total del aborto. «Confiamos que Ecuador está listo para unirse a los casi 80 países que han retirado el aborto de sus códigos penales. De acuerdo a una encuesta realizada en 2021, 8 de cada 10 ecuatorianos está en contra de que las personas que interrumpen su embarazo vayan a la cárcel», declaró la coalición en un reciente pronunciamiento. Es importante resaltar, además, que existe otra demanda que busca eliminar el aborto como crimen del código penal. Fue presentada en julio de este año por colectivos feministas.
Según estima la Organización Mundial de la Salud (OMS), siete mujeres abortan cada hora en Ecuador. Y en promedio, cada día, 54 personas son hospitalizadas por causas relacionadas a un aborto inseguro. Aunque el aborto está legalmente permitido en casos de riesgo de la salud o vida de la gestante, y en casos de violación —desde 2021—, existen trabas importantes para el acceso a un procedimiento seguro.
En el escrito presentado para apoyar la despenalización del aborto en Ecuador, Human Rights Watch resaltó el impacto negativo que los embarazos no deseados y la maternidad forzada tienen en la salud de las niñas. «La penalización del aborto institucionaliza la discriminación al negar a mujeres, niñas y personas embarazadas la capacidad de tomar decisiones sobre su salud reproductiva y sus trayectorias vitales, perpetuando las desigualdades sistémicas basadas en el género», señaló la organización.
Imagen: Human Rights Watch
Como resalta el movimiento Justa Libertad, el acceso al aborto en condiciones legales ha visto un fuerte decrecimiento en la última década. De hecho, 2022 —después de la despenalización del aborto por violación— fue el período con menos procedimientos legales de interrupción del embarazo: solo 541, a diferencia de los 3 713 procedimientos registrados en 2012.
“Incluso quienes cumplen con los requisitos legales para acceder a la atención del aborto se enfrentan a importantes barreras, ya que el personal y las instituciones sanitarias suelen imponer sus creencias de que, una vez embarazadas, las mujeres y las niñas están obligadas a ser madres», declaró Stephanie Lustig, asistente de investigación de Human Rights Watch.
De acuerdo a un informe que la organización realizó en 2021, la criminalización del aborto en Ecuador afecta especialmente a las mujeres y niñas que provienen de regiones con altos índices de pobreza o de poblaciones indígenas o afrodescendientes.
En 2022, el expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, implementó cambios en la norma que despenalizaba el aborto en casos de violación. Por ejemplo, eliminó el plazo excepcional de 18 semanas para los casos de agresión sexual a niñas, adolescentes, indígenas y mujeres del área rural. Además, estipuló que quien solicite un aborto, debe presentar una denuncia por violación, así como una declaración jurada o exámenes médicos que comprueben la agresión. También planteó que sea un requisito la realización de ecografías y que el límite para abortar sea de 12 semanas en todos los casos. Es decir, revictimización y obstáculos para el ejercicio del derecho a decidir.
Este año, el Instituto Charles Lozier —vinculado a la organización SBA Pro-Life America de EE. UU.— presentó un escrito ante la Corte Constitucional de Ecuador para apoyar los límites al aborto en el país. «Es fundamental que se realice una evaluación precisa de la gestación y la ubicación del embarazo (es decir, que el no nacido se encuentre en el útero) antes del aborto, y una ecografía es el mejor medio para hacer esa determinación», señala el documento de acuerdo al portal católico ACIPrensa.
Organizaciones religiosas y activistas legales impulsan acciones contra el aborto y promueven la desinformación en torno a este servicio de salud. Pese a ello, la opinión pública no respalda la criminalización del aborto, que afecta principalmente a niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Foto: LatFem
Colectivos y agrupaciones antiderechos, sumados a la Iglesia católica han buscado movilizar a la opinión pública contra la despenalización del aborto. Resaltan las iniciativas legales, como la del Instituto Lozier o el estudio jurídico Dignidad y derecho.
En entrevista con ACIPrensa, María de Lourdes Maldonado, presidenta de Dignidad y derecho, criticó las dos demandas contra la criminalización del aborto y declaró que se estaba desconociendo la dignidad del feto como individuo.
«Lo tratan como un producto fácilmente desechable si se contrapone a la libertad y autonomía de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo», señaló. Además, dijo que la mayor cantidad de ataques contra la vida provienen de la Corte Constitucional de Ecuador, alegando que «ejerce un activismo preocupante».
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
