De acuerdo a Abad, el dictamen hace alusión a organizaciones que realizan “algún tipo de delito que atente contra la defensa nacional, seguridad ciudadana, lavado de activos o enriquecimiento ilícito” y que desarrollan “activismo político”.
«No precisa a qué organizaciones se refiere, pero de su discurso y del contexto fluye que alude a quienes se expresan en contra de los abusos del poder, para prohibir su ‘activismopolítico’. Ello vulnera las libertades de opinión y expresión y constituye una censura indirecta», explica el abogado.
La propuesta legislativa también considera que los fines de las ONG no deben chocar contra el «orden público, la defensa nacional y las buenas costumbres». Y como resalta Abad, estos términos imprecisos podrían resultar en investigaciones y/o sanciones para las organizaciones. » ¿Una ONG que promueva el respeto a la diversidad sexual atenta contra las buenas costumbres? Recordemos que para el Gobierno las personas transexuales presentan un problema de salud mental (Decreto Supremo 009-2024-SA)», apuntó.
Las sanciones contemplan la cancelación de la inscripción y el registro de la ONG o una multa de 500 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que equivalen a más de 2 millones y medio de soles. Asimismo, prohíbe que las ONG celebren contratos con el Estado.
