Más adelante ese año, la entonces candidata presidencial Xiomara Castro, del partido Libre, prometió en campaña la despenalización del aborto en tres causales: violación, malformación del feto y riesgo de la vida de la madre. Sin embargo, esta iniciativa depende del Congreso, donde tienen mayoría el Partido Nacional y el Partido Liberal, de postura conservadora.
Por otro lado, la presidenta Castro —que asumió funciones en 2022— firmó el año pasado un decreto ejecutivo que terminó con la prohibición del uso y la venta de la PAE. Este avance, lamentablemente, aún enfrenta trabas. De acuerdo a Regina Fonseca, del Centro de Derechos de Mujeres de Honduras, no se encuentra la PAE en servicios públicos y solo se vende en farmacias. Además, no se ha implementado un protocolo para atender a sobrevivientes de violencia sexual.
Peor aún, organizaciones antiderechos como el Comité Provida de Honduras han tenido espacio en medios de comunicación para desinformar sobre la PAE. Michelle Zacapa, presidenta de dicho Comité, señaló a Radio Cadena Voces y a VTV que la anticoncepción de emergencia se está vendiendo de forma descontrolada y la promiscuidad entre la juventud se está incrementando.
No es la primera vez que esta organización busca movilizar a la opinión pública contra los derechos sexuales y reproductivos. En octubre de 2023, Martha Lorena Casco, coordinadora del Comité, alertó a medios de comunicación que Honduras iba a ser «copatrocinador» de una votación para despenalizar el aborto en el 54º Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos en la ciudad de Ginebra. Esto fue desmentido por el gobierno de Xiomara Castro, que aclaró que nunca hubo tal votación. Aun así, el Comité Provida de Honduras siguió difundiendo la mentira.
