México: Avanza iniciativa para prohibir las "terapias de conversión" a pesar de la oposición de grupos antiderechos
Las comisiones de Justicia, Salud y Diversidad de la Cámara de Diputados aprobaron la iniciativa de ley que propone sancionar a quienes realicen o financien "terapias de conversión" o Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), calificados como formas de tortura según la ONU. Colectivos antiderechos alegan que el proyecto atenta contra la libertad religiosa y la patria potestad.
2023-05-04 20:46:36
Equipo de redacción de La Mala Fe.
Legisladores de Morena pretenden perseguir la libertad de expresión e imponer la ideología de género”, señala Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. «Diputados buscan aprobar reforma que cancela el derecho a la salud y el libre desarrollo de la personalidad de niños y adultos», dice la plataforma Voto Católico. Esos son los argumentos de colectivos antiderechos contra la iniciativa de ley que busca prohibir las «terapias de conversión».
El proyecto fue suscrito en 2018 por la senadora Citlalli Hernández, del partido Morena; Alejandra Launes, del Partido Verde; y Patricia Mercado, del Movimiento Ciudadano. En octubre del 2022, el Senado de la República lo aprobó y pasó a la Cámara de Diputados. En esta instancia, las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Diversidad votaron a favor el 19 de abril. Ahora, la decisión le corresponde al Pleno de la Cámara.
¿Qué propone la iniciativa? Modificar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud para sancionar a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie «terapias de reorientación sexual» o Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG). De forma general, se incluye cualquier tipo de práctica o servicio que «obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género».
Sanción para actos contra la población LGTBIQ+
Las personas que realicen o fomenten las «terapias de conversión» podrían recibir una condena a prisión por hasta doce años, además de una multa equivalente a mil o dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además, si las personas afectadas son menores de 18 años, adultos mayores o personas en situación de discapacidad, la sanción se duplica. Otras circunstancias agravantes son: que el o la perpetradora tenga con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquiera que implique subordinación; o que se emplee la violencia física, psicológica o moral.
Distintos colectivos antiderechos como Frente Nacional por la Familia, Líderes por la Vida y la Familia e Iniciativa Ciudadana, impulsaron una campaña en redes sociales para defender las llamadas «terapias de conversión». Las Naciones Unidas han calificado estas prácticas como crueles, inhumanas y degradantes, considerándolas actos de tortura.
Foto: Twitter de Julio Hernández, secretario general de Líderes por la Vida y la Familia.
Si quienes cometen el delito son funcionarios públicos, se verían destituidos del cargo por el tiempo de la pena que reciban, y podrían ser inhabilitados en caso de reincidencia. Por otro lado, si se trata de profesionales, técnicos o auxiliares de servicios de salud, se cancelaría el registro de su cédula profesional. Y si se trata del padre, madre o tutor de la víctima, un juez podría aplicar una amonestación o apercibimiento.
De acuerdo al Frente Nacional por la Familia, esta iniciativa busca «quitarle el derecho a la salud a personas» al castigar a profesionales de salud que quieren ayudarlos. También reclaman que se busque castigar a padres de familia y a ministros de culto que «discrepan con la ideología de género». En redes sociales, se dedicaron a impulsar una campaña con el hashtag #TerapiasAQuienLasQuiera, además de recolectar firmas con el mensaje «No quiero ir a la cárcel por defender a la familia».
Tortura, no terapia
Aunque los colectivos antiderechos han buscado posicionar que la prohibición de las «terapias de conversión» limita el derecho a la salud, los testimonios de las personas que fueron víctimas de esas prácticas contradicen ese discurso.
«Una terapia de conversión me arrebató mi juventud, mi fe, mi paz, mi salud. Me torturaron por años y el Estado lo permitió (…) Que todas las personas en México sepan que las terapias de conversión son tortura, que son un delito», contó Erika Salinas, una mujer lesbiana sobreviviente de ECOSIG, en una reunión con diputados el año pasado.
Ya desde 2012, la Organización Panamericana de la Salud había señalado que las «terapias de conversión» no tienen justificación médica y son una amenaza a la salud. En 2016, la Asociación Mundial de Psiquiatría también anunció que no existen pruebas científicas sólidas de que se pueda cambiar la orientación sexual. En 2020, el experto independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, presentó un informe sobre el tema. En este, explicó que las «terapias de conversión» no solo son ineficaces, sino que pueden ser extremadamente dañinas.
Entre quienes ejecutan prácticas de «conversión», resaltan diversas organizaciones religiosas. Esto se refleja en la oposición hacia el proyecto de ley que busca prohibir los ECOSIG. Gran parte de los reclamos viene de colectivos católicos o evangélicos.
Foto: Twitter de Iniciativa Ciudadana
«La combinación de los efectos de la humillación profunda y la sensación de impotencia genera sentimientos de vergüenza, culpabilidad, repugnancia de sí mismo e inutilidad, que pueden dañar la autoestima y causar cambios permanentes de personalidad», explicó. Añadió que, según el grado de dolor físico o mental infligido a la víctima, estas «terapias» pueden equivaler a formas de tortura. Sin embargo, para grupos religiosos y activistas antiderechos, el crimen está en prohibir esos actos de tortura.
Marcial Padilla, director de la plataforma ConParticipación, dijo al medio católico ACI Prensa, que la iniciativa contra los ECOSIG iba a desatar «una cacería de brujas» contra padres de familia y psicólogos. Cabe resaltar que los niños, niñas y adolescentes son especialmente vulnerables a estas prácticas. Como destacó el experto de Naciones Unidas, Madrigal-Borloz, la exposición temprana a «terapias de conversión» está asociada a sentimientos de ansiedad, depresión e intentos de suicidio. Ese es el panorama que el Pleno de la Cámara de Diputados de México ahora tiene en sus manos evitar.
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